Avueltas con las lenguas, en el Senado y en las televisiones. Unos se escandalizan porque en la cámara territorial se hablen diferentes idiomas oficiales y el Gobierno abre el debate sobre las televisiones autonómicas sin lengua propia. El telestado sufre. En la revisión total que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hace de las últimas decisiones de la exvicepresidenta De la Vega, el mapa televisivo, el servicio público y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales -al fin en convergencia con la CMT- están sobre la mesa.
¿Sirven para algo las autonómicas? Políticos como Jáuregui o Duran i Lleida lo cuestionan. Las cadenas comerciales reclaman su desaparición o que se limiten a cumplir un servicio público reducido con una financiación similar a la TVE sin publicidad. El debate es viejo. Entre las promesas de la TDT estaba la televisión de proximidad, nueva generación de la fracasada televisión local. Los canales autonómicos y locales privados sufren con poca audiencia y menos ingresos. Muchos no han llegado a nacer. El sector acusa a los más de 1.800 millones devorados por las autonómicas -un millar de publicidad- y los 110 euros que cuesta a cada hogar: 219 en Baleares, 191 en Euskadi, 114 en Cataluña o 105 en Galicia (datos de Uteca). Una audiencia media de 11,3% en 2010 con TV3 como líder con un 15%, TVG o Canal Sur con más del 12 y el resto por debajo del 10%. Solo las cadenas con lengua propia y la andaluza compiten con las grandes televisiones nacionales.
La lengua es un valor de las autonómicas no cubierto por la oferta privada. ¿A eso se limita el servicio público? El problema está en el uso político de la televisión pública y su competencia con las privadas. El servicio público no entiende de lenguas, pero sí de independencia y calidad. Esa es la rentabilidad social de la TV pública en cualquier idioma. La pregunta es si con lengua propia o sin ella, existe una función para las autonómicas y si el férreo control partidista cumple con los ciudadanos o solo con sus dueños políticos.
