A pesar de la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia contra la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y Aguas de Murcia por el abuso y discriminación en las tarifas del agua aplicadas en 2006, que el alto tribunal considera que encarecieron el coste a unos 10.000 consumidores, el Gobierno municipal se mostró ayer partidario de mantener el actual régimen, ya que, según la concejal de Calidad Urbana, Adela Martínez-Cachá, para una ciudad como Murcia con escasez de recursos este sistema sigue siendo el más adecuado para penalizar los consumos excesivos. Los servicios jurídicos de Aguas de Murcia y de la Comunidad están estudiando la posibilidad de recurrir, aunque ninguna de las partes codemandadas y condenadas descarta la posibilidad de que este mismo ejercicio tenga que revisarse el régimen tarifario.
Hace 22 años, en plena era de José Méndez (PSOE) como regidor, se pusieron en marcha estas nuevas reglas con el propósito de favorecer los consumos domésticos responsables y castigar los consumos abusivos. Los precios -pueden consultarse en www.emuasa.es- se revisan cada año, con el beneplácito del Consejo Regional de Precios de la dirección general de Comercio y a propuesta del consejo de administración de Aguas de Murcia -51% del Ayuntamiento y 49% de Aquagest Murcia, dependiente del grupo Aguas de Barcelona (Agbar)-.
Según este sistema, la factura de los hogares se encarece en función del consumo y para calibrarlo se estableció una escalera de precios donde cada escalón o tramo tiene un precio estipulado. Sin embargo, independientemente del volumen de agua, tanto los consumos más moderados -la media en los hogares murcianos es de 20 hectómetros cúbicos/mes para una vivienda con 5 miembros- como los consumos considerados abusivos -a partir de 30 hm3/mes- deben pagar el consumo total efectuado por cada cliente al precio máximo fijado en el tramo donde se quede el contador. Se grava íntegramente el consumo al no existir un máximo a partir del cual se pagaría sólo por la parte que sería considerada excesiva, como indica el tribunal murciano.
De esta forma, si un hogar consume, por ejemplo, 33 hectómetros cúbicos en un mes, que ya es considerado para un hogar medio ligeramente por encima de lo previsto como responsable, pagaría por cada hectómetro cúbico 1,577 euros, que es el precio para cada hectómetro cúbico en el tramo 30-45 hectómetros cúbicos, aunque el precio por cada hectómetro en los tramos inferiores -de cero a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30- es ciertamente más bajo.
La organización Facua-Consumur denunció en 2006 que este sistema era desproporcionado y resultaba discriminatorio para todos los hogares, ya que penalizaba a todos por igual al aplicar el máximo de cada tramo al volumen total consumido. El TSj le ha dado la razón.
