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Severo castigo a los funcionarios públicos

LA TRIBUNA DE 'LA VERDAD'

Severo castigo a los funcionarios públicos

31.12.10 - 01:33 -
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El pasado día 23 de diciembre se aprobó la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas de la Administración Pública Regional, a través de un procedimiento parlamentario excepcional (sólo dos días), en lectura única, y sin posibilidad de enmiendas, y en un ambiente de intensas protestas (también extraordinario).
Con el subterfugio de invocar abstractamente razones económicas y presupuestarias, la ley lanza una batería de medidas con varios objetivos: reaccionar ante una situación de caos en las cuentas públicas, muy cercana a la bancarrota; infligir un severo castigo a los empleados públicos, que está de moda; aparentar una actuación política eficiente para esconder una absoluta carencia de ideas para ayudar a superar la crisis; y preservar a toda costa las condiciones favorables de los sectores más acomodados de la sociedad.
Una significativa reducción salarial, que más se notará en quienes perciben nóminas del entono de los mil euros mensuales, la ampliación de la jornada y horarios de trabajo, un sistema discrecional de movilidad en el empleo público (que rompe los criterios de mérito y objetividad en la provisión interna de puestos de trabajo), la supresión de la Oferta de Empleo Público para 2011, una importante reducción de la acción social con supresión de ayudas tan importantes y tradicionales como las prestaciones por discapacidad o las ayudas a la formación, o la pérdida de retribuciones cuando el trabajador se encuentra en situaciones de incapacidad laboral temporal, son parte de las 'lindezas' del nuevo -otro más- sacrificio impuesto y exigido a los empleados públicos regionales.
En 2004 se acordó la realización de un Plan sobre Absentismo en la Administración regional y, pese a nuestros requerimientos, ni a una mesa de negociación se nos ha convocado para tratar este asunto. Entretanto, que sepa el Consejo de Gobierno que el absentismo del trabajador no es sinónimo de holgazanería o despreocupación, y que los empleados públicos no permanecen por gusto en baja cuando ésta se extiende 'tras cuatro o siete meses'. Le pedimos que abandonen de una vez por toda esa persistente entonación peyorativa hacia el empleado público.
Otras medidas que contempla la ley, como la reducción de la parte eludible e innecesaria de la estructura del sector público regional, mayor rigor en el control del gasto, superior disciplina en la ejecución presupuestaria, la limitación en la contratación administrativa o en las dietas de altos cargos, podrían haberse adoptado hace muchos años, en lugar de haber estado durante este tiempo entretenidos en sacar pecho tipo 'Mazinger contra Z', perjudicando ahora a las familias de 55.000 trabajadores (que se dice pronto).
La ley se ha aprobado eludiendo deliberadamente el diálogo social y las consultas a entidades de prestigio como el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico de la Región. Y así ha salido la norma, repletita de despropósitos. Un bodrio jurídico que merece todos los reproches, especialmente el constitucional, al no disponer la Comunidad Autónoma de capacidad reguladora para ordenar la eficacia de la negociación colectiva, el contenido del derecho de libertad sindical o no poder decidir la Asamblea Regional la derogación, suspensión o modificación de acuerdos con fuerza vinculante según la legislación estatal. La norma se ha extralimitado en sus competencias y usurpado las del Estado, por lo que pedimos al Gobierno del Estado que plantee conflicto de competencias, y reclame al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la vigencia de esta ley.
De nada sirvió a don Ramón Luis conocer la situación de crisis antes que don José Luis. Creo, sinceramente, que hubiese sido más útil para todos que en lugar de tener una consejera de Economía y Hacienda entretenida frenéticamente solicitando de los chicos malos de ZP autorización de endeudamiento para equilibrar las deudas, se hubiese ocupado de que no se excediesen las obligaciones contraídas, y que hubiese previsto la disminución de ingresos con la suficiente anticipación, para no encontrarnos ahora en ese desastroso lugar del ranking nacional, en tanto comunidad autónoma con el segundo déficit más alto en términos relativos.
La ley aprobada tiene, además de los directos, otros muchos negativos efectos indirectos. Mencionaré dos. El primero, la repercusión que la ampliación de la jornada de trabajo en dos horas y media semanales de 55.000 empleados públicos tiene sobre el empleo creado desde 2008, cuando se redujo la jornada laboral, si es que no se pretende mermar la calidad de los servicios públicos. Hagan cuentas de cuántos trabajadores pueden engrosar la lista de desempleados por esta ampliación. El segundo, la peligrosa imitación que de este tipo de medidas suelen hacer muchos empresarios. O sea…, un desastre para la economía regional.
Por esto, y por enésima vez, llamamos al diálogo inmediato. Con él, con toda probabilidad, vendrá la rectificación.
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