El 'caso Emasce' ya está en manos de los jueces. El fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha remitido al Juzgado Decano las diligencias informativas que abrió, hace algo más de un año, con el objetivo de determinar si se apreciaban indicios delictivos en la adjudicación de algunos contratos por parte de la Consejería de Cultura. Como el resultado de sus gestiones ha sido positivo, en el sentido de confirmarse la apariencia delictiva de determinados actos protagonizados por cargos de ese departamento, es por lo que ha decidido no archivar la investigación y, al contrario, la ha remitido al Juzgado Decano para que éste reparta el asunto entre los nueve juzgados de Instrucción de Murcia. El órgano que se encargará de continuar con la investigación se decidirá, de esta forma, por el habitual sistema de sorteo o 'reparto'.
La Fiscalía Superior de Murcia decidió abrir diligencias informativas sobre este caso en noviembre del 2009, después de que 'La Verdad' publicara una serie de informaciones que apuntaban a la posible existencia de irregularidades en los contratos adjudicados a la firma Emasce. Esta sociedad fue constituida, tal y como aparece en el Registro Mercantil, el 8 de octubre de 2008, por personal vinculado a la Consejería de Cultura. En concreto, los dos socios constituyentes fueron Vanessa Sarah Salvo y Miguel Tébar, uno de los directores del sello discográfico Tres Fronteras, creado un año antes por el departamento que preside Pedro Alberto Cruz para promocionar la música de la Región.
Esta sociedad contó con la colaboración de una asesora del consejero, Isabel Durante, tanto para su creación como para el ofrecimiento de sus servicios.
Uno de los aspectos más relevantes del asunto es que Emasce logró un contrato con la Consejería en septiembre de 2008, antes incluso de haberse constituido formalmente. En concreto, se le adjudicó la organización de los actos de presentación de la revista 'Cool-Tura', por la que Emasce cobró más de 9.000 euros. Los pagos se le hicieron de forma fraccionada, en dos facturas, por dos conceptos diferentes.
En apenas un año, la firma montada por Vanessa Sarah y Miguel Tébar facturó a Cultura más de 40.000 euros por la organización de diversos eventos. Todos los contratos se adjudicaron directamente, sin concurso público ni publicidad.
Todas estas informaciones fueron desveladas el año pasado por este periódico y, a raíz de esas noticias, la Fiscalía decidió abrir diligencias informativas y requirió a 'La Verdad' para que aportara cuanta información estuviera en su poder referida a ese asunto.
Al cumplirse un año de la apertura de las diligencias informativas -periodo máximo establecido para mantener abierto este tipo de investigaciones por parte de la Fiscalía-, Juan Pablo Lozano estaba obligado a optar entre el archivo, si no se hubieran hallados indicios de delito, o, caso contrario, a remitirlo al juzgado, que es lo que ha acabado haciendo. Será ahora el juez a quien corresponda la causa por reparto quien establezca si se deben practicar nuevas diligencias.
Las sospechas de la Fiscalía sobre una supuesta falsedad documental se orientan, según fuentes próximas a la investigación, hacia cuatro cargos de la Consejería: la secretaria general, María Luisa López; el director de Promoción Cultural y consejero delegado del ente Murcia Cultural, Antonio Martínez; el ex jefe del gabinete del consejero, José Emilio Rubio, y la ex asesora de Pedro Alberto Cruz, Isabel Durante. Los tres primeros ya declararon ante el fiscal, el pasado diciembre, por espacio de más de siete horas.
[Esta noticia ha sido elaborada utilizando información desvelada en su día por Julián Mollejo].
