El Gobierno regional y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia atraviesan sus peores momentos de los últimos tres lustros. Desde que el PP llegó al poder en 1995, cuando la Región ya remontaba la anterior gran crisis económica, su presidente, Ramón Luis Valcárcel, no vivía sucesos tan apurados como los acontecidos esta semana. Cuatro días de diciembre en los que parecen haberse concentrado la frustración de los sindicatos y el deterioro de las cuentas públicas después de tres duros años de crisis económica.
La Región de Murcia que encara el nuevo año es muy distinta de la que empezó el 2010, en parte por lo sucedido estos cuatro días. La Región que amanecerá el 1 de enero de 2011 dejará de ser una comunidad privilegiada fiscalmente a causa del recargo de entre 1,2 y 2,4 céntimos a los combustibles y de la supresión de la rebaja del IRPF en el tramo autonómico; no podrá tocar su techo competencial con la asunción de la Justicia, como estaba previsto; la conflictividad en la Administración regional arrecia debido a la ruptura del idilio entre el Ejecutivo autónomo y los sindicatos por los recortes a los empleados públicos; numerosas organizaciones y asociaciones vivirán amenazadas por el cierre a causa de la reducción de subvenciones de la Comunidad, y todo ello sin saber aún si el Gobierno central autorizará la emisión de deuda de 500 millones de euros que alivie sus problemas de liquidez.
Lunes 20
Mucho déficit, poca Justicia
Los primeros relámpagos que anunciaban la crudeza de la tormenta se produjeron el lunes 20 por la mañana. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, hace públicos los datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas de los nueve primeros meses del año y confirma que la Región de Murcia no va a cumplir el 2,4% del objetivo de déficit para 2010, lo que le cierra las puertas a nuevas operaciones de deuda. No por ser una noticia sabida es menos grave, ya que por primera vez se le ponen cifras y decimales a los números rojos murcianos: 3,12% de déficit a finales de septiembre, casi el triple que la media regional (1,24%) y el segundo más elevado de las 17 comunidades, sólo superado por el de Castilla-La Mancha (4,69%).
Otro contratiempo surge el mismo día procedente también del departamento de la vicepresidenta económica del Gobierno central. El consejero de Justicia, Manuel Campos, recibe el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda sobre el acuerdo para la transferencia de la Justicia, que la Región debía comenzar a gestionar a partir del 1 de enero. Dicho informe condiciona el pago de 4,5 millones de euros para inversiones en la Justicia al cumplimiento del plan de estabilidad presupuestaria por parte de la Comunidad, algo que, como se ha constatado ese mismo día, está muy lejos de suceder.
Campos realiza varias consultas con el Ministerio de Justicia y con los responsables de la hacienda regional para intentar salvar este obstáculo, pero nadie le da garantías de poder cobrar los 4,5 millones de euros que redondeaban un buen acuerdo de transferencia. Por la tarde empiezan a circular los primeros comentarios por la Administración regional de que el traspaso de la Justicia está tocado del ala.
Mientras tanto, en la Consejería de Economía y Hacienda dan los últimos retoques a la proposición de ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Conscientes de la repercusión que tendrá la norma, su elaboración se lleva en el mayor de los secretos. De hecho hay consejeros del Gobierno regional que sólo saben de ella por lo que informan los medios de comunicación.
La Asamblea Regional, uno de los escenarios en que transcurre esta semana negra, aprueba ese día una proposición de ley para adaptar las tablas del tramo autonómico del IRPF a la reforma del impuesto aprobada por el Gobierno central. El PP aprovecha parcialmente una moción de IU para suprimir la rebaja del 0,25% de este tributo que hasta ahora disfrutaban los murcianos, lo que supondrá unos 6 millones de euros más de ingresos para las arcas regionales.
Un resquicio de sol se filtra entre los nubarrones con la visita del ministro de Fomento al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en el palacio de San Esteban, reunión que confirma el desbloqueo de varios proyectos de infraestructuras vitales para la Región, como la llegada del AVE en 2014.
Martes 21
El tijeretazo se desvela
Los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo. A primera hora de la mañana, la agencia británica de calificación de riesgos Moody's rebaja la nota de la deuda regional por sus problemas presupuestarios, lo que mancilla la imagen de la Región de Murcia en los mercados financieros y dificulta y encarece futuras operaciones de deuda.
Poco después, la Asamblea Regional debate y aprueba los presupuestos de la Comunidad de 2011, los más restrictivos de su historia y que incluyen medidas que tendrán una importante repercusión, como la aplicación del recargo del céntimo sanitario a las gasolinas y el recorte de las subvenciones a decenas de organizaciones que prácticamente subsistían gracias a ellas.
Tras concluir la sesión parlamentaria se produce el gran trueno. El portavoz del PP, Juan Carlos Ruiz, y la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, presentan en la Cámara la proposición de ley que recoge un recorte en el gasto en el presupuesto que se acaba de aprobar de más de 300 millones de euros, sobre todo a costa de ampliar la jornada y recortar los salarios de los 55.000 funcionarios de la Comunidad.
Para entonces, el consejero de Justicia, después de hablar con el presidente regional, ya ha desistido de recibir las transferencias de Justicia y comunica al Ministerio la cancelación de la reunión de la comisión mixta entre el Estado y la Comunidad que dos días después debía cerrar la transferencia.
Los sindicatos esperan a la tarde, cuando ya conocen al detalle la proposición de ley del tijererazo, para realizar sus primeras consideraciones. Hablan de «atraco», de «declaración de guerra» y anuncian movilizaciones.
Surgen suspicacias entre las consejerías. En Educación, por ejemplo, se sorprenden del alcance del recorte al personal docente (175 euros al mes). La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, es invitada a tomar café ese día por el Sindicato Médico tras la comida que esta organización realiza con sus delegados. «Tengo malas noticias», les comenta en referencia al tijeretazo que se acaba de presentar, pero no les concreta las medidas que afectan directamente al personal sanitario.
Miércoles 22
Agresiones a cargos del PP
Durante la mañana, en que se celebra el sorteo extraordinario de Navidad, reina una calma engañosa. La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, ante la dureza de la reacción verbal de los sindicatos, cita a lo largo del día en su despacho a los responsables de CC OO, CSIF y UGT, las organizaciones sindicales más representativas y con más capacidad de movilización de la Administración regional.
La consejera trata de templar los ánimos, pero es inútil. Los sindicatos ya han empezado a movilizar a sus seguidores, para lo que no necesitan apenas esfuerzo dado el malestar que impera en la función pública desde que en junio les rebajaran un 5% el suelo. Quieren recibir al presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, a las puertas de la Cámara de Comercio de Murcia, donde por la noche tiene previsto asistir para recibir un premio de la Cadena Ser.
Al conocerse en el palacio de San Esteban las intenciones sindicales, la escolta del presidente regional informa a la Delegación del Gobierno por si fuera necesario algún despliegue de seguridad ante la Cámara de Comercio, pero en la sede gubernativa de Teniente Flomesta no se adopta ninguna decisión al respecto. Este hecho, a la vista de los graves incidentes que se registran después, indigna al PP.
Más de un millar de personas responde a la llamada de los sindicatos y se concentran junto a la Cámara sobre las 20.00 horas. La Cadena Ser opta por suspender el acto, pero hay dirigentes del PP que desconocen esta decisión. El secretario general de la Consejería de Presidencia y vicesecretario general del PP, José Gabriel Ruiz, es reconocido por los manifestantes cuando ya se marchaba, tras ver las puertas de la Cámara de Comercio cerradas. Sufre empujones, es insultado, vejado, le arrojan botellas de agua, pero consigue huir y esconderse en la Facultad de Derecho.
El senador popular Pedro Manuel Hernández y el ex director de gestión de la Arrixaca, Arturo Giménez, que acompañaban a José Gabriel Ruiz, son también acorralados y perseguidos y acaban refugiándose en la Iglesia de Santo Domingo. Intentan cerrar las puertas del templo ante los manifestantes que les acosan. El escándalo que se genera provoca la interrupción de la misa que en esos momentos se celebra. El cura que la oficia baja del altar y les refugia en la sacristía. Un poco más tarde abandonan la iglesia en un furgón policial, que los traslada al palacio de San Esteban.
Desde la Cámara de Comercio, un nutrido grupo de manifestantes se traslada al cercano edificio de la Gran Vía donde reside Valcárcel y a cuyo portal arrojan huevos. Uno o varios de ellos, además de algún escupitajo, alcanzan a una de las hijas del presidente.
El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, diría al día siguiente que no se produjeron incidentes dignos de mención.
Jueves 23
El sitio de la Asamblea
Unos 2.000 empleados públicos, convocados por los sindicatos, se concentran ante la Asamblea Regional, en Cartagena, donde esa mañana se va a aprobar por vía de urgencia la proposición de ley con los traumáticos recortes. Se producen forcejeos con la Policía, que se ve obligada a cargar, hay lanzamientos de huevos a la sede parlamentaria, insultos a los diputados, que durante varias horas, una vez concluido el Pleno, permanecieron encerrados al no poder abandonar el edificio.
Los incidentes hacen que la Asamblea Regional de Murcia vuelva a aparecer en los informativos de varias cadenas nacionales de televisión, algo que no ocurría desde hace casi veinte años, cuando el 3 de febrero de 1992 la sede parlamentaria acabó en llamas tras una violenta manifestación de trabajadores de las industrias cartageneras en crisis.
El PP acepta un pequeño recorte del recorte, al bajar de 175 a 75 euros la reducción salarial para los profesores, y aprueba en solitario, merced a su mayoría absoluta, la proposición de ley. Ello permite que esa misma tarde, un día antes de que expire el plazo que le había dado el Ministerio de Hacienda, la consejera de Economía remita por correo electrónico al departamento de Elena Salgado el plan de reequilibrio financiero de la Administración regional para corregir el déficit, con la cuantificación económica de todas las medidas activadas para reducir el gasto y mejorar los ingresos.
Próximos días
Más protestas, más ajustes
La paz que ha reinado los días 24 y 25 sólo es la tradicional tregua de Navidad. Las fiestas no han enfriado el malestar de los sindicatos. Uno de los mensajes que se han cruzado funcionarios y sindicalistas en la Nochebuena lo pone de manifiesto: «De momento, ni Zapatero ni Valcárcel nos han quitado la Navidad. Felices Fiestas». Para mañana, lunes, hay convocada una nueva concentración ante el palacio de San Esteban
Aún queda por completar el recorte con el ajuste en el organigrama del Gobierno, que se producirá en enero. Los rumores sobre una nueva remodelación han empezado a circular. No sólo se habla de reducción de altos cargos y asesores, sino también de alguna consejería.
Y, lo más importante, falta por ver si los sacrificios han merecido la pena. El Ministerio de Hacienda debe pronunciarse sobre el plan de reequilibrio de las cuentas de la Comunidad en los próximos días. Si es que sí, la Región podrá acudir a los mercados financieros y obtener 500 millones de euros con los que afrontar sus problemas. Si es que no... ¿puede la Región soportar un nuevo tijeretazo?
