Uno de los inevitables efectos colaterales de las crisis es la caza y captura de chivos expiatorios, y uno de los favoritos del imaginario popular y las élites políticas y económicas es el funcionariado. La cascada de tópicos es bien conocida, desde la caracterización de España como 'país de funcionarios' hasta la caricatura de estos como burócratas improductivos amparados en el carácter vitalicio de sus puestos.
Lamentablemente, son pocos los que se atreven a oponer los hechos a los estereotipos y, más triste aún, entre ellos no se cuentan los responsables políticos, o sea, sus jefes. Porque no es cierto que España sea un país funcionarial. El porcentaje de asalariados que trabajan en el sector público es el 13%, por debajo del 14,8% de la OCDE ¡y del 14,1% de EE UU! Tampoco es cierto que todos los empleados públicos tengan un puesto 'fijo'. El 25,1% son temporales, una cifra similar al 25,4% global de asalariados temporales, el doble que la media europea. Como tampoco lo es que sean 'burócratas'. La gran mayoría son policías, enfermeros, médicos, bomberos, militares o profesores (de hecho, el colectivo más numeroso trabaja en uno de los servicios públicos de salud mejores del mundo). Hay también, claro, administrativos, pero todavía estoy esperando que alguien aporte evidencia alguna de que la proporción de empleados dedicados a las imprescindibles labores de gestión sea mayor en el sector público (especialmente en relación con el presupuesto y los asuntos gestionados) que en bancos, empresas eléctricas o compañías telefónicas; o de que su productividad sea menor que la de sus colegas de otros países.
Pero, desde un punto de vista político, lo preocupante de estos lugares comunes no es la demonización de los empleados públicos, sino la de la función pública misma. Es muy reveladora la tendencia a ensañarse precisamente con los funcionarios de carrera, es decir, con los que han obtenido un puesto de trabajo superando un concurso-oposición (y a menudo varios), que cobran salarios estrictamente fijados según la cualificación de su función (normalmente muy por debajo de la que correspondería en el sector privado) y que, en efecto, son inamovibles salvo por medio del oportuno expediente disciplinario (o sentencia judicial).
Esta descalificación del funcionario de carrera apunta precisamente a la yugular de uno de los rasgos esenciales del Estado democrático moderno: una función pública profesional e independiente del partido gobernante, cuyos trabajadores (y aspirantes a serlo) estén protegidos de la arbitrariedad clientelista de los gobernantes de turno. Y, además, es una cortina de humo que oculta el verdadero problema, que es más bien el contrario: el hecho de que, de las personas que trabajan en el sector público, cada vez somos menos (y digo 'somos' porque soy funcionario, y a mucha honra) los que realizamos tareas acordes con la cualificación que se nos exigió acreditar en un concurso-oposición. Y cada vez más los de libre designación o los directivos y empleados de fundaciones, empresas o 'entes' públicos, semipúblicos o que no se sabe muy bien ni qué son. O sea, los que ni han sido seleccionados por los procedimientos establecidos por la Constitución ni tienen sus salarios (¡y gastos!) sujetos a las limitaciones de los que sí lo han sido. Y eso sí que es un problema a la vez político, por lo que supone de degradación de la democracia, y económico, por el despilfarro que genera.
Tocan vacas flacas, y por lo tanto recortes en el gasto público. Bienvenidos sean, pero no nos dejemos engañar sobre dónde está realmente el despilfarro del dinero de los contribuyentes. Porque si nos dejamos engañar lo pagaremos con menos y peores servicios públicos… y con el mismo o más despilfarro.
Nunca está de más releer el inmortal artículo de Larra «Vuelva usted mañana». Pero no es menos recomendable la lectura de 'Miau', la novela en la que Pérez Galdós retrata una de las peores lacras de la España del XIX, que algunos ahora nos venden como modelo para la del XXI.
