Nadie se atreve a atisbar, todavía, hasta dónde llegará la 'Operación Umbra', sin embargo, fuentes cercanas a la investigación, sugieren a 'La Verdad' que el final está aún muy alejado. La investigación sobre esta presunta trama de corrupción se encuentra, al parecer, en una fase muy preliminar. Dicho de otro modo, el 'caso Umbra', «no es que no haya finalizado, es que apenas ha comenzado».
Por el momento, tras las últimas declaraciones, se perfila en el horizonte una semana de descanso. Este parón sería necesario, según confirman las citadas fuentes, para analizar la información de las tomas de declaraciones realizadas hasta el momento. Por el juzgado de Instrucción número 8 de Murcia han pasado, desde que 'explotó' el caso, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato del Noce. Todos ellos fueron detenidos y puestos en libertad con cargos tras pagar sus respectivas fianzas.
Otra de las declaraciones más sonadas fue la del concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena. El edil se marchó a su casa manteniendo la imputación por un presunto delito de prevaricación, aunque sin medida cautelar alguna en su contra: ni fianza, ni retirada del pasaporte, ni obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.Una situación similar a la del empresario Samper.
Los últimos en declarar ante el instructor, David Castillejos, fueron el empresario Francisco Arqués, y los empresarios de la compañía Inveralrahu S.L., Alfonso Ramírez Huguet, y Juan Torres Fontes Suárez. Todos ellos están imputados por blanqueo de capitales.
Tras este paréntesis, las declaraciones se reanudarán, previsiblemente, a finales de mes con la toma de declaraciones a otros imputados entre los que estarían, por ejemplo, las mujeres de Guerra y Joaquín Peñalver, ex jefe de planeamiento urbanístico de la Gerencia, que, presumiblemente, aún no han comparecido. Tras ellas, podría venir otro reguero de implicados a los que, al parecer, todavía no se les ha notificado, ni tan siquiera su condición. Entre ellos podrían encontrarse los administradores de varias de las sociedades promotoras que también firmaron algunos de los seis convenios bajo sospecha en el municipuo.
Después de esta nueva serie, todo apunta a que podrían seguir varios meses de análisis antes de un nuevo movimiento de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
