De defender a sospechosos en asuntos de corrupción ha pasado a necesitar asistencia letrada por otro tanto de lo mismo. El letrado Higinio Pérez Mateos, detenido el martes de la pasada semana dentro de la 'Operación Umbra', era conocido hasta ese momento en ámbitos legales de la Región por asesorar a varios ayuntamientos de distinto signo político, en cuestiones relacionadas con el urbanismo y también sobre algunos polémicos proyectos. Unas relaciones profesionales que en algún caso le salpicaron con el negro barro de la sospecha, pero que no se habían traducido hasta ahora en imputación alguna en su contra.
Uno de los asuntos más controvertidos en los que se ha visto envuelto es un convenio urbanístico que suscribió con el Ayuntamiento de Ulea, en diciembre del 2004, y por el que consiguió luz verde para construir la urbanización 'Los Juncos de Ulea Golf Resort': más de 4.400 viviendas, campo de golf, hotel, etc. en los 2,7 millones de metros cuadrados reclasificados.
En apariencia, y según denunció el PSOE, cuando se firmó el citado convenio, el abogado no era propietario de terreno alguno en esa zona, ya que no fue hasta mayo del 2005, ya con el negocio asegurado, cuando la compra de tierras se habría formalizado. Un mes más tarde, Higinio Pérez Mateos vendió el proyecto a varias inmobiliarias, obteniendo unas plusvalías millonarias.
Fue a partir de ese negocio cuando el letrado comenzó a tener relaciones profesionales con el alcalde, el popular José Bolarín, a quien habría defendido en algunos pleitos.
Con su socio Alberto Guerra
En su comparecencia del miércoles pasado ante el instructor del 'caso Umbra', David Castillejo, el abogado fue interrogado acerca de esa operación urbanística, que habría llevado a efecto en sociedad con el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, el también detenido Alberto Guerra. Un dato que sirvió al fiscal y al juez para comprobar que entre ambos imputados existen buenas relaciones y que incluso han sido socios en algún negocio.
Pérez Mateos también ha realizado algún trabajo puntual para el alcalde de Campos del Río, el socialista Miguel Navarro, para quien elaboró un informe jurídico que le autorizaba a votar sobre el proyecto Trampolín Hills Golf Resort -cobró por ese documento 18.000 euros, según fuentes conocedoras del asunto-, y también estaba llevando el asunto de las expropiaciones de tierras en Beniel para la llegada del AVE. El alcalde de esta localidad, el socialista Roberto García, también abogado, se desvinculó inmediatamente de Pérez Mateos, en cuanto este fue detenido, y anunció que dejaba de trabajar para el Consistorio.
Antes de ser 'despedido, había redactado un informe, cuyos argumentos jurídicos fuentes del PP consideran «cogidos por los pelos», sobre la adquisición de material informático para el Consistorio por importe de unos 800.000 euros y que fue adjudicado a una empresa que, en apariencia, había presentado la oferta fuera deplazo.
Ahora, a raíz de su detención por la 'Operación Umbra', ha trascendido que este letrado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia es el letrado defensor del empresario Trinitario Casanova, y que aparece personado en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia por el denominado 'caso Zerrichera'.
En noviembre del año pasado, el magistrado ordenó la detención de Casanova, con el fin de interrogarlo sobre un supuesto pago de sobornos a políticos. El empresario se libró por encontrarse de viaje en Estados Unidos y quince días más tarde se presentó ante los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) en Madrid para declarar sobre esos hechos. Tras ser interrogado quedó en libertad sin medida cautelar alguna, aunque sigue imputado.
Este periódico ha telefoneado al despacho de Pérez Mateos en los últimos días para intentar recabar su versión, pero no ha respondido.
