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Condenan por intrusismo profesional a la presidenta de los protésicos dentales

REGIÓN MURCIA

Condenan por intrusismo profesional a la presidenta de los protésicos dentales

El juez niega que estos facultativos puedan tocar la boca de los pacientes y sostiene que sólo pueden actuar bajo la dirección de un médico odontólogo

08.10.10 - 01:19 -
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Las históricamente tensas relaciones entre odontólogos-estomatólogos y protésicos dentales no parece que vayan a mejorar con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, por la que se condena por un delito de intrusismo a la presidenta del colegio profesional de protésicos, Carmen Cano Cano. Pero seguramente esta resolución sirva para recordar a los miembros de ese colectivo cuáles son estrictamente sus funciones, y se eviten así en el futuro nuevos pleitos de esa naturaleza.
Los hechos probados que establece la sentencia, recientemente notificada por el magistrado Julio Guerrero Zaplana, establecen que Carmen Cano Cano, protésica dental de profesión y con un laboratorio abierto en Molina de Segura, «viene manteniendo que los pacientes deben poder ser tratados directamente con el protésico dental de su elección, y encargarle y pagarle directamente las prótesis que necesiten, evitando así al médico odontólogo-estomatólogo».
De esta forma, y en cumplimiento de esa tesis personal, «la acusada no sólo ha realizado prótesis dentales para diversos pacientes, sino que además les ha diagnosticado sus padecimientos, y les ha aconsejado la realización de tales prótesis, que ha fabricado y a adaptado a las bocas de sus pacientes, lo cual está totalmente prohibido a un protésico dental, que de ese modo asume competencias para las que no está capacitado ni autorizado».
Tal y como sostuvieron en el juicio tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercitada por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Región de Murcia, el magistrado considera que la acusada Carmen Cano es responsable de un delito de intrusismo profesional, penado por el artículo 403 del Código Penal.
Y ello lo razona echando mano de la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Murcia y del Tribunal Supremo, que ya en anteriores resoluciones dejaron sentado que los protésicos dentales «no pueden -como recuerda ahora el juez Guerrero Zaplana- tocar las bocas de los pacientes».
Así, en concreto, recuerda que la jurisprudencia mencionada establece que «el protésico dental no tiene por qué examinar la boca a ningún paciente, ni tiene que tener -como tiene la acusada en su laboratorio- un sillón de dentista, dado que quien tiene que tomar las medidas al paciente en su boca, quien le tiene que poner la prótesis y quien tiene luego que adaptarla, es un médico dentista, y no el protésico dental, que debe limitarse a fabricar la prótesis».
Supervisados por dentistas
Más aún, insiste el juez en destacar, como hizo el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2000, que «los odontólogos y estomatólogos son los únicos que tienen capacidad profesional para realizar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales, siendo la función de los protésicos dentales elaborar y fabricar prótesis conforme a las indicaciones de los estomatólogos u odontólogos, debiendo someter además su trabajo a la aprobación final de dichos profesionales, que tienen conocimientos especializados y superiores a los propios de la técnica del protésico».
La propia acusada, según se recoge en la sentencia, no trató de ocultar durante la vista que tocó personalmente las bocas de algunos pacientes, como una mujer a la que se refirió como Consuelo, y sobre la que reconoció que «se sentó en el sillón, abrió la boca y le tomé medidas», unos hechos que a juicio del juez constituyen «la esencia del delito de intrusismo: tomarle medidas al paciente en su boca».
Incluso, un dentista de la Seguridad Social declaró que la citada Consuelo acudió a su consulta para pedirle que le sacara una muela, «ya que se lo había dicho Carmen Cano», con lo cual -insiste el magistrado- «queda claro que la acusada inspecciona la boca de sus pacientes, cosa que extralimita claramente sus funciones».
«Riesgo para la salud pública»
Por último, Julio Guerrero argumenta que «la gravedad de los hechos» en los que Carmen Cano ha incurrido, impiden que se le pueda imponer la condena en su grado mínimo, «por estar involucrados bienes jurídicos especialmente protegidos, como la propia salud pública, y el derecho a ser asistido por profesionales con los conocimientos necesarios y la práctica suficiente». Y concluye que «éste es un claro caso donde el puro interés económico lleva a vulnerar una ley que es bastante clara».
Por todo ello condena a Carmen Cano a una pena de un año de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por lo que tendrá que abonar 7.300 euros, en el plazo máximo de diez días cuando la sentencia sea firme, o ingresará en prisión.
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