El fallo del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Murcia por el que ordena la liquidación de Española del Zinc (Zinsa), por no pagar las deudas a sus acreedores, cayó como un jarro de agua fría a sus 244 ex trabajadores, que ven cómo se les complica cobrar su indemnizaciones, pero también a los dueños de la minerometalúrgica. Saben que se les acaba el tiempo para reflotar la empresa. La juez que instruye el caso tomó la decisión el pasado 20 de julio y ahora la empresa ha recurrido la sentencia con los mismos argumentos que ya presentó el día del juicio y que la magistrada les echó por tierra.
A la juez no le sirvió entonces el protocolo presentado por Zinsa y firmado por un supuesto nuevo inversor. Por eso tomó la decisión de ordenar la liquidación, a instancias de las cuatro empresas acreedoras que fueron las que pidieron expresamente la disolución. Esto hace pensar a los ex trabajadores que la magistrada volverá a rechazar de plano como prueba dicho protocolo cuando revise el recurso.
La juez de lo Mercantil número 1 de Murcia concedió cinco días a Española del Zinc para presentar en el juzgado su petición de recurrir la sentencia, una vez que hizo público el fallo. En él se incluyó, como prueba, el protocolo firmado por el inversor. Ahora la empresa tiene otros veinte día hábiles para presentar más argumentos para que la magistrada lo admita a trámite. Será entonces cuando ésta lo eleve a una instancia superior, que será quien juzgue el caso.
El compromiso del inversor, un empresario argentino llamado Reinaldo Omar Saavedra, es el de aportar los fondos suficientes para hacerse cargo de una ampliación de capital e inyectar a la empresa más de 17 millones de euros.
Española del Zinc insiste en que el inversor tiene previsto hacer el desembolso de dinero antes de que acabe el año y así comenzar a poner en marcha la nueva planta, objetivo prioritario de los responsables de la industria. Por eso volverá a presentar a la magistrada la misma prueba del juicio.
Más tiempo para los dueños
Un portavoz de la empresa explicó a este diario que el 'caso Zinsa' aún no esta cerrado y que si la juez admite a trámite el recurso de apelación, los dueños de la empresa dispondrán de más tiempo para buscar más inversores que quieran poner dinero encima de la mesa. Por eso aún queda un largo camino por recorrer, añadió la misma fuente.
Mientras, los ex trabajadores, a pesar del dinero que les debe Zinsa sólo en concepto de nóminas y atrasos (12.000 euros a cada uno, aproximadamente), quieren que el Juzgado de lo Mercantil dé una oportunidad a los dueños, «porque si no hay empresa, tampoco habrá nueva planta ni podremos recibir nuestras indemnizaciones», señaló el portavoz del ya extinto comité de empresa, Luis Gutiérrez.
Una representación de antiguos trabajadores tiene pensado acudir el lunes al Juzgado de lo Mercantil para conocer de primera mano el estado del recurso y las pruebas que ha presentado la empresa. Según explicaron, la industria sólo trata de ganar más tiempo hasta que el inversor se decida a poner el dinero. Ellos son conscientes que el apoyo del empresario argentino es la única baza que evitaría la liquidación. «Ojalá ponga el dinero cuanto antes», pidió Gutiérrez.
Cada día que pasa los ex trabajadores ven con más escepticismo su situación, máxime cuando a la gran mayoría ya se les ha acabado las prestaciones por desempleo que recibían del Estado. Ante esta situación los miembros de la plantilla han creado una asociación para exigir ante los tribunales las indemnizaciones y salarios pendientes de cobro desde 2009.
«Estamos dando los primeros paso para su creación. De momento tenemos que elegir al presidente, al secretario y al tesorero, que serán quienes nos representen», dijo Luis Gutiérrez.
No descartan manifestaciones
La situación de estos trabajadores es tan extrema que no descartan volverá a salir a la calle a manifestarse, máxime si la Comunidad Autónoma no empieza pronto a recolocarlos en otras industrias en cumplimiento de un compromiso. «Los compañeros están muy calientes. Algunos están dispuestos a todo», advirtió este trabajador.
Igual que piensan los trabajadores, opina el gerente de la sociedad promotora Quórum Investments, Miguel Durán, compradora del suelo de Torreciega. «Si al final liquidan la empresa todo el mundo saldría perdiendo. Los acreedores, los trabajadores y nosotros. Por eso es mejor que les den más tiempo», dijo el empresario mazarronero.
Quorum compró a Española del Zinc los terrenos donde se asentaba la antigua fábrica de producción de zinc, en Torreciega, para hacer viviendas de lujo, por 130 millones de euros. La promotora adelantó casi cuarenta y aún le queda por entregar 91.
El consejo de administración garantizó que los 91 millones de euros se destinarían a pagar a los trabajadores, saldar la deuda con los acreedores concursales y posconcursales, e iniciar el proyecto industrial de la Ciudad del Zinc. Pero al no recibir el dinero el 31 de agosto del año pasado, fecha en que expiró el plazo para completar la venta del suelo, los dueños de Española del Zinc interpusieron una demanda civil contra Quorum.
Incumplimiento de contrato
Tras ello, la promotora también denunció a Zinsa, esta vez porque la minerometalúrgica no había cumplido con el contrato, que les obligaba a entregar los terrenos de Torreciega desmantelados por completo y descontaminados, algo que costaba cerca de nueve millones de euros.
«Lo único que queda ahora es esperar y ver lo que deciden los juzgados sobre ambas demandas. Ellos son los que tienen que dar la razón a uno de los dos», se limitó a decir Miguel Durán.
Entretanto, los terrenos se los ha quedado las cuatro entidades financieras que concedieron el aval a la sociedad promotora: Cajamurcia, el Banco de Valencia, el Banco Popular y la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.
