La declaración de insumisión del presidente autonómico respecto a la Ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es de una gravedad inédita. Olvida Valcárcel que la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, representado en las Cortes Generales, de donde ha salido una ley que debe ser de aplicación en todo el territorio nacional, le guste más o menos. Tratar de golpear el Estado de Derecho es mancillar la Democracia misma, una actitud vergonzosa e indigna por parte de aquel que nos representa como murcianos y murcianas.
Le advertimos que vamos a estar vigilantes para velar que en nuestra comunidad se cumple la Ley. Una Ley de cuya constitucionalidad los socialistas estamos plenamente convencidos; una ley necesaria, similar a las ya existentes en Europa y, con toda seguridad, una de las más dialogadas de los últimos lustros, porque es fruto del consenso entre expertos en la materia, las asociaciones de mujeres, el personal sanitario y todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, que nuevamente se quedó sólo en el Congreso y el Senado en su tramitación parlamentaria y ante la sociedad. Una Ley informada favorablemente por el Consejo de Estado y que ofrece seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, además de contribuir, sin duda, a disminuir los embarazos no deseados.
Volviendo a nuestra Región, si el posicionamiento de Valcárcel resulta indignante, las declaraciones de su consejera de Sanidad, María Angeles Palacios, son igualmente inmorales e intolerables. Advierte Palacios que las murcianas que deseen interrumpir su embarazo lo tendrán que hacer en otras comunidades, impidiendo así el ejercicio de un derecho garantizado por Ley, convirtiéndonos en ciudadanas de segunda y tratando de revivir una época, felizmente superada, en la que las pudientes abortaban en Londres mientras otras, con menos posibles, se desangraban tras pasar por las manos de algún carnicero.
La actitud del barón Valcárcel y su corte, vuelve a situarles en la cúspide del sector más reaccionario, cavernario, retrogrado y cínico de la derecha española. ¿Cómo es posible que 'olviden' que desde que la Comunidad Autónoma se hizo con las transferencias sanitarias el número de interrupciones voluntarias del embarazo se ha incrementado en un 300% en nuestra Región? ¿Qué en la última década se han practicado aquí más de 30.000 abortos, la mayor parte de ellos financiados por los Presupuestos del Gobierno de Valcárcel, el ahora objetor? ¿Por qué no reconocen que el desmantelamiento de la red de centros de planificación familiar y la ausencia de políticas de prevención de embarazos no deseados por parte del Ejecutivo regional nos ha colocado a la cabeza de España en la tasa de abortos?… Ante estos hechos, hasta hoy, no existían declaraciones de rebeldía o insumisión, la cúpula eclesial no se rasgaba las vestiduras, no había lugar para la objeción de conciencia y a nadie se le ocurría ir por ahí hablando de 'donar' neonatos. Pero ahora es distinto, porque quien osa regular el aborto para ofrecer garantías a las mujeres y a los profesionales sanitarios es el coco Zapatero. ¡Hipócritas!
