Además de las graves consecuencias para el empleo, esta crisis se viene caracterizando por la proliferación de supuestas soluciones que resolverían los problemas que conlleva. Algunas, escasamente reflexionadas, sobre todo las que se refieren a la intensa destrucción de puestos de trabajo, que nos han conducido a tasas de desempleo por encima del 20%, que duplican la media de la Unión Europea. La reforma del mercado de trabajo y los recortes sociales se han convertido, o mejor dicho los han convertido, en la piedra angular que va resolver los problemas de nuestra economía.
Se trata de un argumento 'ejemplar' que pasará a los anales de la demagogia: nos olvidamos de los desmanes financieros, de la burbuja inmobiliaria, de la baja competitividad de nuestras empresas, de la falta de liquidez, de la escasa cualificación de nuestros recursos humanos, y centramos toda la responsabilidad en un mercado de trabajo rígido y en unos sindicatos que se oponen de manera incomprensible a 'modernizarlo'.
Tengo la certeza de que este tipo de cantinelas cada vez convence a menos, y resultan, cada vez en mayor grado, hipócritas y hasta ridículas. En España, a pesar de esa supuesta rigidez que dificulta contratar y despedir, se realizaron durante el año 2009 en torno a trece millones de contratos temporales, y la población ocupada disminuyó en casi un millón cuatrocientos mil empleos con respecto a 2008 (considerando la media anual de ocupados), la mayoría empleos temporales con costes de indemnización mínimos.
En el mejor de los casos, hablar de rigidez con estas cifras es desconocimiento, y en el peor, manipulación interesada para proponer una reforma laboral que debilite a los trabajadores y desacredite a los sindicatos, aprovechando la desesperación de aquéllos.
Por supuesto que necesitamos una reforma laboral que genere empleo de calidad y fortalezca nuestro tejido productivo. Pero sin duda, no es la que propone el Gobierno del Estado, que no aborda las cuestiones fundamentales, que se ceba en los débiles, en los más desfavorecidos, que se reduce a desposeer de derechos a los trabajadores; y que pretende constituirse en un regalo a las organizaciones patronales, aumentando el poder de decisión empresarial en la ya de por sí desequilibrada relación de trabajo. Hasta el punto de subvencionar, desde la caja común del Fondo de Garantía Salarial, el despido injusto e injustificado del trabajador.
La reforma consiste, por señalar lo más relevante, en dejar la temporalidad prácticamente como estaba, proponiendo algunas medidas que pueden incluso fomentarla; en abaratar y, por tanto, facilitar el despido, ofreciendo grandes posibilidades al empresario para acogerse al despido objetivo, de menor indemnización; en allanar el camino para el incumplimiento de las subidas salariales pactadas en convenio; en conceder mayores prerrogativas a las agencias privadas de colocación y a las empresas de trabajo temporal. En la reforma no se encuentran medidas para mejorar la calidad del empleo ni para fomentar la cualificación de los trabajadores, y se limita la capacidad de los trabajadores de intervenir en determinados cambios de sus condiciones sustanciales de trabajo.
Con estas medidas, la precariedad en el empleo y la posibilidad de perder el puesto de trabajo aumenta considerablemente en todas las modalidades de contratación.
Ante un panorama como éste, quizás preludio de otro aún peor, nuestra responsabilidad (como se ha demandado en no pocas ocasiones) es convocar una huelga general, no sólo por la rebaja de derechos que supone, sino también porque elimina el camino para modernizar el tejido productivo y hacer más competitiva nuestra economía. En definitiva, porque no aborda lo necesario, haciendo recaer las consecuencias de la crisis en los trabajadores, reduciendo sus derechos.
Y es que llueve sobre mojado, porque cada vez que se producen turbulencias en los mercados financieros, muchas veces interesadas, que amenazan la credibilidad de nuestra deuda pública, la respuesta es reconsiderar los derechos sociales. Primero, dificultando el acceso a las prestaciones de Seguridad Social, prolongando la edad de jubilación; después, congelando pensiones, reduciendo nóminas de los empleados públicos; ahora, el empeoramiento laboral general. Por este camino cada vez que los mercados financieros o los 'desinteresados' analistas internacionales abran la boca, nos van a limitar un derecho social. ¿Quién nos asegura que están a salvo nuestros derechos a la sanidad o a la educación universal?
Es el momento de que le digamos al Gobierno, alto y claro, que por este camino no, que así no, que de esta forma se retrasa la salida de la crisis, que así no se reactiva ni el consumo ni la economía, que es injusto exigir austeridad y sacrificios a los que menos tienen y pueden. Y que se lo digamos todos los trabajadores y todos los ciudadanos, porque en estas movilizaciones, preludio de la huelga general del próximo 29 de septiembre, están en juego los derechos de todos.
