La diputada regional del PSOE Teresa Rosique denunció ayer que existen irregularidades en el proyecto de la macrourbanización de Novo Carthago, que prevé la construcción de más de 10.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles (al menos uno de ellos de cinco estrellas) en San Ginés de la Jara, en la ribera sur del Mar Menor. Rosique explicó que el Ayuntamiento de Cartagena aprobó en 2006 el Plan Parcial de forma definitiva sin tener el informe obligatorio que debe hacer la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma, en el que se avalúa la legalidad del proyecto y el impacto que tendría sobre el territorio.
Rosique aseguró, en una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE en la Asamblea Regional, que se «ha incumplido sistematicamente el artículo 140 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia». En éste se obliga a todos los planes parciales de cualquier proyecto de construcción a someterse a un informe de la Dirección General de Urbanismo, que debe ser quien estudie la idoneidad del proyecto, pero antes de que sea aprobado de forma definitiva.
«Le pedimos al consejero de Obras Públicas, José Ballesta, copia del informe emitido por Urbanismo en relación al Plan Parcial Novo Carthago y lo único que nos mandó fue una copia del proyecto de urbanización, un expediente diferente y un trámite distinto del solicitado, porque es lo único que tenía», dijo la parlamentaria socialista.
«Falta de respeto»
Con esta respuesta, a juicio de la diputada, «el consejero demostró una falta de respeto hacia los grupos parlamentarios, por lo absurdo de la respuesta». En su opinión, «Ballesta reconoce de esta forma que no existe informe emitido por la Dirección General de Urbanismo antes de la aprobación definitiva del Plan Parcial de Novo Carthago por el Ayuntamiento, tal y como exige la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y además, pretende dar por informado un plan parcial con el informe de un proyecto de urbanización».
Por ello, los socialistas quieren que Ballesta dé explicaciones en la Asamblea Regional y, aunque en esa fecha no estaba en el Gobierno regional, que aclare por qué se pasó por alto ese informe y si se le dio el visto bueno cuando la Ley del Suelo dictaba lo contrario.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, sostuvo, en declaraciones a 'La Verdad' que todo se hizo bajo la más estricta legalidad, porque el Plan Parcial, antes de ser aprobado de forma definitiva, fue enviado a la Consejería para que emitiera el informe de legalidad y oportunidad territorial, en julio de 2005.
«La ley marca que la Dirección General de Urbanismo tiene un mes de plazo para remitir ese informe. Una vez pasado ese tiempo, si no lo hace es porque el proyecto se considera sin errores. Por eso el Pleno lo aprobó en 2006, una vez pasado ese tiempo», dijo Segado.
Este diario se puso en contacto con Obras Públicas y pidió que el consejero ofreciera su versión, aunque no se obtuvo respuesta.
