La controversia que ha generado la nueva Ley de Tráfico al dejar a los agentes de la Policía Local sin potestad para retirar, con la grúa, los coches de la calle no ha pillado por sorpresa a la Jefatura Provincial. Sus miembros ya se percataron hace un mes y medio de que la redacción de la ley podía generar dudas y enviaron una carta a los servicios jurídicos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que les aclarasen la cuestión. «Todavía no nos han contestado, pero lo harán en breve resolviendo esta duda», explicó ayer Francisco Jiménez, jefe provincial de Tráfico. «Es una cuestión que hay que interpretar»
La nueva Ley de Tráfico recoge, en su artículo 85, que la retirada de un vehículo de la vía pública debe hacerla «la autoridad encargada de la gestión del tráfico». En sentido estricto, esta autoridad es, en núcleos úrbanos, el alcalde. Este 'lapsus' ha llevado al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Sppme, a recomendar a los agentes locales de Sevilla que se nieguen a retirar con la grúa vehículos mal estacionados.
En otras localidades, como es el caso de Zaragoza, el Ayuntamiento ha optado por resolver este asunto con un decreto por el que el alcalde delega competencias en los policías locales. Una solución que, a la espera de que la DGT resuelva la cuestión, a Jiménez le parece «jurídicamente impecable, la mejor».
No obstante, asegura el jefe provincial, los agentes locales de la Región no deberían preocuparse por las consecuencias que puedan derivarse de su trabajo habitual en las calles. «Parece lógico que cuando existe una circunstancia de peligro, el agente actúa primando la seguridad del ciudadano y no tendría ningún sentido una consecuencia disciplinaria», sostiene.
Sobre la solución futura de este asunto, Jiménez no descarta que Tráfico defienda una «interpretación extensiva del artículo», que incluya a los agentes de vigilancia y control dentro de ese apartado de autoridades encargadas del Tráfico. Mientras tanto, la solución está en el aire.
