«Se queja de los ruidos de la maquinaria de la panadería que hay debajo de su casa. No está suficientemente insonorizada. El Defensor del Pueblo solicitó información y el Ayuntamiento contesta que sus técnicos se personaron en el local para hacer las comprobaciones necesarias. Como no se cumplían las condiciones se procedió al cierre del establecimiento». Lleva apenas un año y medio en el cargo, pero con logros como el anterior su figura institucional va ganando peso no sólo entres las administraciones públicas con las que le toca batallar, sino sobre todo entre los ciudadanos, que acuden a él cada vez más tras toparse con el silencio o una decisión del poder que consideran arbitraria. Se trata del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, quien sin armar mucho ruido de cara a la opinión pública ha obtenido ya una amplia batería de medidas favorables a vecinos de Cartagena en asuntos como la educación o los ruidos.
Ruiz Abellán presentó hace unos días en la Asamblea Regional un informe de su actividad (a ese estudio pertenece el relato inicial de este reportaje), que incluye setenta y siete quejas procedentes de Cartagena de un total de 929 en toda la Región.
El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma acaparan la mayoría de las protestas de los cartageneros ante el Defensor, que en los primeros cinco meses del año ha visto crecer un 33% el número de solicitudes con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por ejemplo, una vecina acudió al Defensor harta de los ruidos nocturnos en Cabo de Palos, donde veranea. El botelleo y la concentración de gente a las puertas de los pubs del pueblo suponen un quebradero de cabeza para los residentes y la Policía Local. El consistorio, que hace unos años fue obligado a pagar una multa por consentir el ruido de las terrazas, ha recibido una petición declarar Cabo de Palos 'Zona de Especial Saturación'.
Esto supondría forzar a los dueños de los bares a insonorizarlos o trasladar la zona de pubs a un área especial de ocio a las afueras del núcleo urbano.
Camino con socavones
En cuanto a la Administración regional, el Defensor (que es un Alto Comisionado de la Asamblea Regional) ha arrancado a la Consejería de Educación el compromiso de aumentar el número de profesores de educación especial para el próximo año. Todo partió de un expediente iniciado de oficio por Ruiz Abellán tras leer en el periódico una carta de una madre acerca de las dificultades de los alumnos de una guardería pública de la ciudad.
No menos relevante ha sido el desenlace de una investigación relacionada con la inquietud de la comunidad escolar de Tallante y otros pequeños núcleos rurales de la zona oeste de Cartagena y también del municipio de Mazarrón sobre el posible cierre de varios colegios con pocos alumnos. Según destacó el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a 'La Verdad', convenció a la Consejería de Educación de la necesidad de mantener abiertos esos centros públicos porque de lo contrario se consumaría una «discriminación» para los niños de la zona (tendrían que desplazarse a diario en autobús varios kilómetros a diputaciones más grandes) y porque implicaría un «riesgo de despoblamiento» del área rural.
En cuanto a materias competencia del Estado, de las que se encarga el Defensor del Pueblo de España (Enrique Múgica), Ruiz Abellán h derivado a Madrid una queja sobre los socavones provocado por las lluvias en el camino de acceso a la La Algameca chica. En la zona hay suelo del Ministerio de Defensa.
No todo han sido reprimendas. Así, la intervención del Defensor (que sólo puede sugerir medidas) ha permitido a muchos vecinos conocer mejor el funcionamiento de las administraciones y aclarar actuaciones correctas, salvo que la Justicia pueda decir.
Es el caso de un señor que discrepaba de la institución municipal por una cuestión de cementerios.
Conflicto por unos nichos
En su informe, el Defensor resume: «Se queja de que el Ayuntamiento de Cartagena le exige los derechos funerarios de los nichos que tienen en el cementerio Nuestra Señora de los Remedios, que es municipal. El ciudadano asegura que ya pagó estos impuestos hace años».
Luego, reproduce la respuesta municipal: «El artículo 48 apartado b de la Ordenanza Reguladora de los Cementerios Municipales de Cartagena prevé la caducidad del derecho funerario y la reversión a la Junta del Cementerio de las sepulturas sobre las que no se haya satisfecho el pago de los derechos de conservación en el transcurso de 20 años».
