En realidad la fiesta se acabó hace tiempo. Otra cosa es que quienes primero debían hacerlo quisieran darse por enterados. Y no es que el fin de la fiesta pudiera pillar a nadie por sorpresa: se sabía de sobra que la burbuja inmobiliaria estallaría más pronto o más tarde y que una economía que crecía y creaba empleo pero mantenía una productividad bajo mínimos tenía los pies de barro. Pero dio igual. Nuestros responsables políticos nacionales, del PP primero y del PSOE después, alardeaban de un crecimiento por encima de la media europea y nuestros responsables políticos regionales alardeaban de un crecimiento por encima de la media española. ¿Para qué tomar medidas, si la locomotora del ladrillo daba para todos? Para promotores, constructores, especuladores, proveedores,… y, además, vía recalificaciones urbanísticas, llenaba las arcas de los ayuntamientos y, de paso, las 'cajas B' de los partidos políticos y las cuentas corrientes de algún que otro alcalde, concejal, directivo de empresa concesionaria y demás redes clientelares parasitarias. Las cajas de ahorros ofrecían préstamos hipotecarios por valores superiores al 100% del valor, ya de por sí elevado, de las viviendas, mientras partidos y sindicatos celebraban las cuentas de resultados desde las poltronas de los consejos de administración que se repartían amistosamente. Parecía que todo el mundo ganaba y que el pleno empleo estaba al alcance de la mano. Los españoles íbamos sobrados, y los murcianos los que más.
Sucedió lo que tenía que suceder, pero nuestros gobiernos continuaron la fiesta. Así que seguimos haciéndonos trampas en el solitario hasta que nuestros vecinos del euro y hasta el amigo americano no tuvieron más remedio que llamarnos al orden. Y en eso estamos. Se acabó la juerga y ahora, claro, hay que pagar la púa. Y, como los plazos vencen rápidamente y hay que conseguir efectivo por la vía de apremio, le ha tocado apoquinar a los que ni estuvieron en la fiesta ni se les esperaba. O sea, los pensionistas, los familiares de personas dependientes, los futuros papás y mamás, los policías, los enfermeros, los profesores, los militares, los bomberos, los conserjes de los edificios públicos, los asistentes sociales, los médicos, etc. O sea, los ciudadanos cuyos ingresos son suficientemente transparentes como para que los gobiernos nacionales, autonómicos o locales puedan meter mano y sacar lo suficiente para pagar el primer vencimiento de la púa acumulada por aquellos cuyos ingresos están a buen recaudo. ¿Dónde? En las bolsas de fraude fiscal que han engordado escandalosamente en la orgía de enriquecimiento rápido y de corrupción que hemos padecido en los últimos años y de la que en nuestra Región han aflorado más casos de los que el ciudadano mejor informado es capaz de recordar.
En la célebre fábula de la cigarra y la hormiga, cuando llega el invierno la cigarra acude humildemente a pedir prestado algo de grano al almacén de la hormiga. En las versiones clásicas de la fábula la hormiga le da con la puerta en las narices. En algunas versiones más edificantes la hormiga se apiada y socorre a la cigarra, que, agradecida, aprende la lección y escarmienta. En la nueva versión que estamos viviendo, los Zapateros y los Valcárceles entran sin llamar en los silos de las hormigas más indefensas y toman directamente lo que consideran oportuno. Quedan estupendamente a base de pagar una primera ronda a costa de las hormigas. Mientras tanto, sus amigotes, los que durante el verano, como la cigarra del cuento, se reían de las hormigas (unas pringadas, decían que eran), ahora las acusan de ser parásitos perniciosos e insolidarios. Y las cigarras, claro, tan felices y contentas en el invierno como lo estaban durante el verano. Normal. Paga la hormiga.
