El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, Enrique Ujaldón, prestarán declaración como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena en el caso del presunto expolio de la muralla de Carlos II en la ladera norte del Monte Sacro. Estos responsables políticos local y regional, ambos del PP, prestarán declaración el próximo martes en relación a petición de la Fiscalía, que investiga las denuncias de particulares y colectivos ciudadanos sobre una supuesta ilegalidad en los permisos concedidos a la promotora Portmán Golf lleva a cabo para que levante cuatro torres de pisos en la calle Muralla de Tierra.
Las declaraciones fueron ordenadas ayer por el titular del juzgado, quien también ha citado a dos de los técnicos que intervinieron en el expediente administrativo de un proyecto cuyas obras empezaron en enero.
Lo pide la Fiscalía
La Fiscalía ha pedido dos veces detener los trabajos de roturación del monte hasta solventar el caso, para evitar un daño irreversible. En ambas ocasiones ha recibido el «no» del instructor, si bien ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial.
El juez sí ha visto adecuado aprobar las peticiones del fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, para imputar a políticos y técnicos. Gracias a esta calificación, los afectados podrán presentarse con un abogado para defenderse ante unas acusaciones que pueden acabar o bien con su archivo o bien con la apertura de juicio oral.
Varias asociaciones, entre los que destacan la Asociación de Defensa del Patrimonio de Cartagena (Adepa) y la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac), se sumaron en marzo a la causa penal abierta tras la denuncia de un particular ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y la Fiscalía.
A juicio de estos colectivos, por razones urbanísticas, arqueológicas y medioambientales el concejal y el director general pueden ser responsables de cuatro delitos: contra el patrimonio artístico, prevaricación (dictar resoluciones injustas sabiendo que lo son), contra la ordenación del territorio y cohecho (aceptar una compensación, económica o de otra especie, para tomar una decisión o no tomarla).
El concejal, «tranquilo»
La denuncia liderada por Adepa, y en concreto por su presidente Juan Miguel Margalef, tiene el respaldo de cuatro vecinos y de los presidentes de la Asociación de Recreación Deportiva Orgullo Cartaginense, Jorge Javier Sánchez; la Asociación Prolitoral, Martín Rodríguez; y la Plataforma Virgen de la Caridad, Josefa Muñoz.
Mientras un grupo de vecinos volvió a concentrase ayer en la plaza del Icue en protesta por las obras, que critican también por su impacto visual, el concejal Joaquín Segado mostró a 'La Verdad' su «tranquilidad».
«Tengo tranquilidad por dos razones: por mi confianza en la Administración de Justicia, y porque todas las decisiones relativas a este expediente están ajustadas a derecho», afirmó Segado.
A su juicio, la cadena de denuncias por la vía penal a concejales y altos funcionarios del Ayuntamiento por parte de partidos de la oposición, colectivo y particulares supone «querer demostrar que se ha actuado con mala fe», y hasta ahora «nadie ha sido procesado y por tanto no se ha podido demostrar tal mala fe».
A su juicio, hay una deriva equivocada al judicializar la vida política, ya que hay asuntos que deberían resolverse, como es habitual, en la vía contencioso-administrativa y no en la penal.
