Los arquitectos e ingenieros colegiados de la Región levantaron ayer el hacha de guerra contra la polémica ley Ómnibus, que modifica varias leyes para adaptarlas a la normativa europea sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y cuyo objetivo es eliminar trabas burocráticas del sector servicios.
La normativa reduce las competencias de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros, que hasta ahora ordenaban el ejercicio de la profesión y asumían la responsabilidad de los trabajos realizados por sus profesionales. Los decanos de los colegios murcianos advirtieron ayer de que cuando la ley entre en vigor se reducirán drásticamente los controles de calidad y seguridad que ellos realizan ahora, hasta el punto de «poner en peligro» la seguridad de los ciudadanos. Los decanos citaron varios ejemplos de actividades que ahora controlan ellos y ahora pueden quedar sin garantías. Las edificaciones, denunciaron, no precisarán garantías de construcción contra terremotos. «Estamos en una zona muy peligrosa sísmicamente, pero esa garantía se va a perder, y nos podemos encontrar como en Haití», enfatizó el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Camino, quien considera que los colegios son además «una garantía contra la corrupción, y si se pierde, aumentarán los casos».
La ley Ómnibus elimina además la necesidad de visar ante los colegios profesionales algunas instalaciones que ahora sí precisan ese control. «Nos encontramos con que instalaciones en las que se manejan líquidos tóxicos, líquidos combustibles o explosivos y redes de gases combustibles dejan de estar recogidas y no se reconoce la gravedad de que esas instalaciones no estén hechas adecuadamente», advirtió Pedro Jiménez, decano de los Ingenieros Industriales. La reducción de competencias de los colegios, además de mermar considerablemente los ingresos que estos organismos reciben por todos esos trámites, elimina los controles de identidad y habilitación de los profesionales autores de los proyectos que realizan las entidades profesionales.
Los colegios de ingeniería y arquitectura de la Región de Murcia, que aglutinan a un colectivo de más de 10.000 titulados en las distintas ramas técnicas, temen que con la aplicación de la normativa desarrollada por el Gobierno no sólo se reduzcan las garantías que afectan a la seguridad de los ciudadanos, sino también otras relacionadas con la calidad de vida, como las condiciones de aislamiento o sostenibilidad.
