Hace unos días realizaba una pequeña encuesta entre mis alumnos de último curso de ingeniería, en la Universidad Politécnica de Cartagena. Les preguntaba sobre la denominada Ley Ómnibus (más fácil que decir Ley 25/2009 de modificación de diversas leyes -de ahí lo de Ómnibus- para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). El resultado fue que al 80% les 'sonaba' más o menos de qué iba la Ley, aunque la mayoría no tenía muy claro cuáles serán las repercusiones que tendrá el desarrollo de la misma en la profesión y en la sociedad.
Comenzábamos sintetizando la medida principal adoptada por esta Ley: la no obligatoriedad del visado profesional y de la colegiación de ingenieros y arquitectos. Algunos alumnos sentían inquietud por el origen histórico del visado profesional: éste nació hace ya casi un siglo con el objeto de controlar los trabajos profesionales y ofrecer a la sociedad una garantía de que esos trabajos responden a ciertos requerimientos formales y documentales.
En su configuración actual, el visado es un servicio que los colegios profesionales prestan a la sociedad, con tres objetivos fundamentales: 1. Constatar que el ingeniero autor del trabajo está habilitado y es competente en la materia. 2. Acreditar que ese trabajo cumple ciertos requisitos formales y de normativa. 3. Asegurar la responsabilidad civil involucrada en el trabajo visado. Y todo ello con un reducido coste, que se sitúa aproximadamente en el 0,03% en relación con el coste final de las grandes obras de infraestructuras. En definitiva, los colegios profesionales vienen prestando un servicio para garantizar que las cosas estén bien hechas, que tengan la calidad adecuada, y que exista un seguro de responsabilidad civil que proteja al usuario -la sociedad, en último término- durante la vida de la obra o instalación.
Por tanto, y en palabras de nuestro presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos: por tradición, ley, praxis y, en definitiva, por definición, el visado y la colegiación son las dos principales herramientas que tiene la sociedad para, a través de los colegios profesionales, realizar la vigilancia, ordenación y control profesional de cuantas obras se realizan en el país. Si desaparece el visado, como parece pretender el Ministerio de Economía y Hacienda, el efecto inmediato es claro, desaparecerán dichas garantías.
Uno de los alumnos apuntaba a continuación: efectivamente parece que van a desaparecer esas garantías, ¿pero no podrían establecerse otras? Pues sí, le respondí yo, pero seguro que supondrían un mayor coste, y no creo que fueran más eficaces que los mecanismos establecidos actualmente. Además, si no existe un seguro de responsabilidad civil contratado por el ingeniero autor del trabajo profesional, la Administración (central, autonómica y local) tendrá que hacerse responsable subsidiario de los fallos que puedan surgir, lo que para algunos Ayuntamientos puede suponer un serio problema. En definitiva, en este caso, el coste de cualquier siniestro que pueda surgir lo estaremos pagando entre todos los ciudadanos, en vez de ser el seguro asociado al visado del trabajo quien afrontara dicho coste.
La Ley Ómnibus pone en peligro que la sociedad pueda acceder siempre a unos derechos y garantías conseguidos desde hace casi un siglo. La calidad de los trabajos profesionales y la seguridad de los ciudadanos no estarán garantizadas después del desarrollo de esta Ley del 'todo vale'. Desaparecerán las garantías profesionales que respalden la prestación de servicios de construcción de infraestructuras, de instalaciones y de protección del medio ambiente. Y lo más importante, surgirá una indefensión a la que quedará expuesta la sociedad cuando se encuentre con proyectos técnicos desarrollados por personas sin habilitación y sin seguro de responsabilidad civil que cubra su actuación.
Después de esta animada charla con mis alumnos, terminé comentándoles que por mucho que se empeñe esta Ley en que los ciudadanos puedan renunciar a todas estas garantías, en lo que respecta a los profesionales de la ingeniería, la sociedad puede estar convencida que, desde los colegios profesionales, se seguirá trabajando responsablemente por su seguridad y por la calidad de los trabajos.
