El Gobierno regional se dispone a apretar el cinturón aún más a la política de personal de la Comunidad Autónoma. Fiel a la prioridad del ahorro que el presidente Ramón Luis Valcárcel instauró a los pocos meses del comienzo de la crisis económica, la Consejería de Presidencia y Administración Pública ha elaborado un plan de austeridad centrado en el gasto de personal, con el que pretende lograr una reducción de unos 25 millones de euros en el capítulo uno de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Para conseguirlo ha seleccionado una batería de medidas que afectarán a los 55.000 empleados de la Comunidad Autónoma en diversos aspectos, tanto salariales, como de horarios, cargas de trabajo y hasta de su jubilación.
El Gobierno regional es consciente de que alguna de estas propuestas puede generar el recelo de las organizaciones sindicales, con las que está obligada a negociar su aplicación dado que suponen cambios sustanciales en las condiciones de trabajo de los funcionarios.
Una de estas medidas es la reducción de los 70 a los 67 años de la prolongación voluntaria de la edad laboral, una opción por la que ahora optan alrededor de unos 300 empleados cada año y que, de aplicarse, generaría unos 9 millones de euros de ahorro a las arcas regionales, según cálculos de la Consejería.
El objetivo global de este plan es, según la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, «aplicar los principios de austeridad, contención y rigor en el gasto a las políticas de personal, con medidas tendentes al aumento de la productividad, mediante la optimización de los recursos existentes».
Este plan se complementa con el de contención del gasto corriente que el Ejecutivo aprobó a finales de 2008, y que el pasado año generó un ahorro de 82 millones de euros, según la Consejería de Economía y Hacienda.
Otra de las propuestas de Presidencia es que ninguna mejora salarial que se negocie en cualquiera de los ámbitos de la Comunidad Autónoma (educación, sanidad o administración general) supere en ningún caso la subida general establecida en los Presupuestos. Con la fijación de este techo salarial se pretende evitar lo que ocurrió con las mejoras pactadas en la sanidad pública en 2008, que provocaron una casaca de subidas en el resto de sectores para equiparar los niveles salariales en toda la administración.
La oferta de empleo público que se convoque no deberá superar la tasa de reposición del 15% de las plazas, a excepción de los servicios públicos esenciales, y se recoge la prohibición expresa de que cualquier reestructuración orgánica pueda generar un aumento de puestos de trabajo.
«La finalidad es no ampliar la estructura administrativa de la Comunidad en todos sus niveles, además de disminuir los gastos no vinculados a la prestación de servicios públicos fundamentales», explica María Pedro Reverte.
Reducción de plantilla
La Administración regional cuenta en la actualidad, según datos de la Consejería, con un 6% de sus plazas vacantes (unas 3.100). Otra de las medidas busca reducir este porcentaje al 4% mediante la eliminación progresiva del 2% restante, lo que supondrá la supresión de alrededor de un millar de plazas de la plantilla de la Comunidad.
Presidencia considera que estas plazas son amortizables a medida que se vayan poniendo en práctica las actuaciones previstas para reducir y simplificar los procedimientos administrativos.
Una de las disposiciones del plan que levantará ampollas en muchos funcionarios es la suspensión de la aplicación de nuevos complementos de productividad.
Otras proposiciones, en cambio, serán acogidas de buen grado, como la reducción del horario de tarde en las dependencias administrativas, que podrán cerrar entre una y dos horas antes de las 20.00 horas en que ahora concluyen la jornada. El objeto es, por un lado, favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los funcionarios, pero también reducir los gastos operativos de mantenimiento y suministro eléctrico.
La intención de la titular de Presidencia y Administración Pública es llevar el plan de austeridad en los gastos de personal al Consejo de Gobierno de la próxima semana, y comenzar la aplicación inmediatamente después de todas las medidas que no deba someter a negociación colectiva.
Entre las que deberá negociar figuran la compensación con descansos adicionales de las horas extraordinarias que se realicen y la prohibición de establecer nuevas jornadas y horarios especiales y de modificar las actuales si ello implica un incremento de las retribuciones.
Los responsables de la función pública regional se proponen también reducir lo más posible los contratos de consultoría y asistencia técnica, así como las contrataciones de personal laboral temporal, que sólo se podrán realizar en casos excepcionales y urgentes, por el tiempo mínimo indispensable y sólo en sectores prioritarios, como emergencias, protección de la salud, ayuda a la familia y menores, dependencia y orientación laboral.
Absentismo laboral
El control del absentismo laboral, la potenciación de la administración electrónica, por el ahorro que ello supone en cargas burocráticas, y la reducción de la factura en material de oficina y suministros son otras de las propuestas que figuran en este plan de austeridad.
Reverte precisó que estas propuestas de contención del gasto serán puestas en marcha tanto en la administración general como en la sanidad y la educación públicas, y destacó que ninguna de ellas «perjudicará a los empleados públicos, a los que se les respetarán todos sus derechos». «Lo que buscamos -agregó- es optimizar los recursos humanos, sin perder los objetivos de máxima calidad en la prestación de servicios y de mejora de la productividad de los empleados públicos».
Falta por comprobar la reacción ante este conjunto de medidas de los sindicatos de funcionarios, enfrentados hasta hace escasos días con la Administración autónoma por la suspensión de los acuerdos salariales que debían aplicarse este año, y a los que el Gobierno regional renunció a causa de la grave crisis que sufren tanto las arcas regionales como la economía murciana.
