«Cada día, entendemos más que los entornos naturales no son urnas de cristal, que hay que preservarlos volviendo a los sistemas tradicionales, donde el uso del territorio esté asociados a las labores de la agricultura y el aprovechamiento y el cuidado del monte. En Cartagena, lo que buscamos es conservar más del 99% del territorio de La Muela, y solucionar el problema de las casas construidas en un entorno natural pero vinculadas a la tierra o hechas como segunda residencia de vecinos de la zona o para sus hijos». Así justifica el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad Autónoma, Pablo Fernández, la vía de regularización de cien casas ilegales que abrirá el Plan de Recursos Naturales de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.
Fernández ha confirmado a 'La Verdad' que su departamento (de la Consejería de Agricultura y Agua) tiene previsto aprobar en breve el texto definitivo de ese plan, al que el Ayuntamiento ha confiado la ordenación urbanística de pueblos como Galifa, Perín o Tallante.
La clave de esa norma regional, que sustituirá a la que entró en vigor de forma provisional en el año 2006, es la creación de ochenta núcleos rurales. Es decir, serán caseríos y áreas limítrofes con asentamientos históricos que tendrán la consideración de urbanos a los efectos de permitir nuevas edificaciones con ciertos requisitos y de regularizar, en lugar de derribar, las viviendas levantadas sin licencia en la última década ante la pasividad municipal.
La presión de las asociaciones vecinales y las juntas municipales de la zona oeste al Ayuntamiento, y de éste a la Comunidad, tendrá su reflejo en una normativa que según Fernández no supondrá en cambio un daño para la protección del medio ambiente en una zona de gran valor por su paisaje, flora y fauna.
Ordenación «responsable»
«Hemos trabajado mucho con el Ayuntamiento y los vecinos, y el acuerdo está cerrado. Ellos siempre querrían más, y por eso a veces buscan otras cosas que se quedan fuera de nuestra responsabilidad», señala el director de Patrimonio Natural en alusión a algunas peticiones de 'indulto' de casas construidas de forma diseminada.
Los planes de la Consejería pasan por impulsar la actividad agraria y agroforestal en los núcleos de población de la zona oeste del municipio, a través de los planes de desarrollo rural. De esta forma, se persigue la «integración de los núcleos rurales dentro del paisaje» y de las necesidades de conservación del entorno.
Respecto al proceso de regularización de las casas, Pablo Fernández señaló que se trata de un ámbito fuera de sus competencias y que, en su caso, debe gestionar el Ayuntamiento de Cartagena a través de su área de Urbanismo.
Y acerca del posible choque de esa legalización en tropel con las posibles órdenes judiciales de demolición de las edificaciones y con la investigación penal abierta por la Fiscalía Anticorrupción por la proliferación de viviendas en un paraje protegido, Fernández mostró su respeto a las actuaciones judiciales e indicó que en todo caso su departamento siempre acatará los mandatos de la Justicia.
El Ayuntamiento ha impuesto multas de 5.000 a 30.000 euros a los responsables de las obras ilegales, pero hasta ahora no ha hecho ninguno de los derribos previstos en la ley.
