De modo especial se regula la competencia en materia de agua como fuente de vida y soporte natural de actividades humanas de gran trascendencia económica y social para nuestra Comunidad por lo que no puede ser regulada como un bien comercial sin más, sino como un patrimonio que hay que proteger y defender.
Castilla-La Mancha siempre ha defendido una gestión sostenible de los recursos hídricos que hiciese compatible la satisfacción de las necesidades propias con la solidaridad con otros territorios de España.
Por eso, en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, el presente Estatuto, en relación con el trasvase Tajo-Segura, expresa la colaboración de la Junta de Comunidades con las demás Administraciones Públicas para que cualquier recurso generado en la cuenca hidrográfica receptora, tanto por las nuevas infraestructuras de generación de agua, como por las que supongan un ahorro en la utilización de la misma, se dirija prioritariamente a la revisión del citado trasvase, en los términos fijados por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento europeo cuya plena eficacia está previsto alcanzarse en el año 2015.
Finalmente, recordando la prioridad de las cuencas cedentes sobre las receptoras, se estima necesaria la existencia de una reserva de agua que garantice el cumplimiento de esos objetivos ambientales y para atender las necesidades de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos y la participación efectiva de la Junta de Comunidades en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista.
