Un río vivo. Unos excursionistas descienden por el Segura, cerca de Cieza, ayer por la mañana. :: ISRAEL SÁNCHEZ
El proyecto para entubar y canalizar las aguas del Tajo para el abastecimiento de la población tiene una de cal y otra de arena. La nueva red pone en peligro el mantenimiento los ecosistemas ligados al río Segura, ya que el mayor impacto será una notable disminución de su caudal. Esa reducción se ha estimado en 4,15 metros cúbicos por segundo y en algunas épocas del año puede dejar el cauce casi sin agua, según los informes que ha emitido la Dirección Genera de Medio Natural del Gobierno murciano, que propuso al Ministerio de Medio Ambiente otras alternativas, entre ellas que no se realice el proyecto. El Ministerio decidió seguir adelante porque existe una causa de fuerza mayor: el agua que se consume en la Región de Murcia y parte de Alicante no es buena para la salud.
El Ministerio aprobó el pasado 25 de febrero la declaración de impacto de las obras, que consisten en construir 145 kilómetros de canales para entubar los caudales que se derivan del Tajo para la población y los usos económicos no agrícolas con una inversión de 237 millones de euros. De esta forma, la mayor parte del agua del Tajo que circula a cielo abierto por el río Segura -desde Moratalla y Calasparra hasta Ojós- irá por conducciones subterráneas hacia las plantas potabilizadoras, a la vez que se construirá un mini acueducto para abastecer a Jumilla y Yecla.
El Segura perderá parte del caudal que tomó prestado hace 30 años cuando se puso en funcionamiento del Trasvase. El volumen que se canalizará corresponde a un máximo de 131 millones de metros cúbicos anuales del Tajo. Los trasvases para los regadíos seguirán circulando por el Segura como hasta ahora, así como los caudales propios de al cuenca. De esta forma, el impacto puede ser menor si se mantienen los desembalses del Tajo para los regadíos y las aportaciones del Segura.
El director general de Medio Natural, Pablo Fernández, ha explicado que los informes de su departamento han sido negativos, aunque eso no ha impedido que el Ministerio realizara una declaración favorable al proyecto «por razones imperiosas de interés público de primer orden relacionadas con la salud humana», a la vez que ha adoptado medidas compensatorias para minimizar los daños en el cauce del Segura. Uno de los principales perjuicios, sin embargo, no se podrá evitar, como es la «disminución significativa» de los caudales circulantes en el Segura. El río perderá más de un tercio de su vigor, apunta Fernández.
Repercusión significativa
Su departamento alertó de que se verán perjudicados los ecosistemas ligados al bosque de ribera y las sierras y vega alta del Segura y río Benamor, aunque el mayor impacto será la reducción del caudal en 4,15 metros cúbicos por segundo y su repercusión en la flora y fauna, sobre todo en el transcurso del río por la reserva natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa, el espacio natural protegido del Cañón de Almadenes, el LIC de las sierras y vega alta del Segura y los ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra del Molino, embalse del Quípar y Llanos del Cagitán, apunta el informe incorporado a la declaración oficial de impacto ambiental.
Medio Natural propuso que la toma de caudales no se realizara a la salida del Cenajo, sino entre Almadenes y Cieza (concretamente aguas arriba de la depuradora de esta ciudad), incluyendo una derivación al Altiplano. de esta forma se acortaría la longitud de las conducciones y el río mantendría su caudal en la zona alta de la cuenca. El Ministerio lo rechazó alegando que las infraestructuras no iban a causar impacto porque es una conducción cerrada y enterrada. Añadió que los cambios de trazado que ponía el Gobierno murciano no aportaban ventajas ambientales y no eran más baratos.
Las alegaciones en contra del proyecto partieron también de los ayuntamientos de Blanca, Cieza, Abarán, Moratalla y Fuente del Pino; así como de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, Riegos de Levante Margen Derecha, Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana y COAG-IR. También se pronunciaron en contra Ecologistas en Acción, Comisión Pro Río, Asociación Caralluma y Plataforma Comarcal del Agua del Noroeste.
