La Comunidad Autónoma se enfrenta a un juicio contable en el Tribunal de Cuentas a causa de las supuestas irregularidades cometidas en los años 2007 y 2008, durante la etapa de Juan Ramón Medina Precioso en la Consejería de Educación, en la contratación y ejecución de varios proyectos de obras en centros de enseñanza.
El Tribunal de Cuentas, según informó ayer la agencia 'Efe', ha abierto juicio contable «con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en los expedientes de contratación de diversos centros educativos». La resolución de este órgano fiscalizador indica que las «irregularidades detectadas» afectan no sólo a los expediente de contratación, sino, también, «a la propia ejecución de las obras».
El caso llegó al Tribunal de Cuentas hace ahora un año, tras las informaciones publicadas por 'La Verdad' sobre estas supuestas irregularidades, que sirvieron al abogado murciano Diego de Ramón para presentar una denuncia ante el órgano fiscalizador de las cuentas públicas.
Este proceso del Tribunal de Cuentas tiene por objeto investigar el posible daño cometido a los fondos públicos, y, en su caso, obligar el reintegro a las arcas regionales.
Las irregularidades fueron advertidas en un principio por la Intervención General de la Comunidad Autónoma y el Consejo Jurídico, que emitió hasta seis dictámenes exponiendo los hechos.
En concreto, la Consejería de Educación permitió en septiembre de 2008 la ocupación por los alumnos y profesores de seis centros educativos, algunos de nueva construcción y otros ampliados, sin haber suscrito antes las actas de recepción de las obras, sin la preceptiva fiscalización previa del acto y sin la comprobación de las obras. El Consejo Jurídico alertaba en sus dictámenes de «las graves irregularidades cometidas» y el «cúmulo de incumplimientos impropio del carácter profesional de la Administración».
También se vulneró la ley, según el Consejo Jurídico, en las modificaciones realizadas en los proyectos de construcción del nuevo instituto de Pozo Estrecho (Cartagena) y la ampliación del colegio Sagrado Corazón, de Lorca, que encarecieron las obras en algo más de 300.000 euros cada proyecto.
Una de las irregularidades más graves cometidas fue el encargo verbal y a dedo, sin mediar concurso público, a una empresa para realizar unas obras en el Instituto Ingeniero de la Cierva, de Murcia, y que el interventor calificó de «nula de pleno derecho» por considerar que los incumplimientos normativos «son de tal calibre que han supuesto la vulneración total de la normativa que regula la contratación administrativa».
