Se supone que existe un grupo reducido de personas que están en el secreto de lo que se cuece con el Estatuto de Castilla-La Mancha, que aún no ha alcanzado su punto de hervor. Y se supone que los sucesivos aplazamientos de los desembalses del Tajo para los riegos del Segura es la moneda de cambio que exige el Gobierno de Castilla-La Mancha para que la negociación llegue a algún puerto (bueno o malo) y no se rompa la baraja. Haciendo una lectura muy bondadosa de la situación cabría pensar que la Región de Murcia debe aceptar como un 'sacrificio coyuntural' este cierre político del acueducto para fines agrícolas en pos de un acuerdo final en el Congreso de los Diputados. Se habla otra vez de un pacto inminente que parece tan voluble como el nerviosismo de algunos protagonistas. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas con altos cargos del PSOE para ponerle punto final a la larga travesía del texto castellano manchego. Conviene recordar que el Estatuto entró en la anterior legislatura y sigue bloqueado en la actual. Los dirigentes de Ferraz intentan que Barreda suavice sus reclamaciones sobre el agua y deje en paz el Trasvase Tajo-Segura. Por su parte, el secretario general del PSOE murciano, Pedro Saura, se ha echado al monte y, en teoría, se muestra más inflexible que nadie insistiendo, a estas alturas, en que el Estatuto se devuelva a las Cortes de Castilla-La Mancha. Hasta ha cargado contra el Ministerio de Medio Ambiente por el frustrado desembalse del miércoles. Saura se hace el duro mientras su partido trata de sacar la pata por algún lado para salvar los muebles. Algo no encaja. Si se asume que Saura tiene las principales claves, la única explicación acorde a su conducta es que el texto que hay en la mesa de operaciones del PSOE no es bueno para la Región de Murcia. En el Gobierno murciano, por otro lado, han tocado a generala para que el personal esté preparado ante una posible manifestación que depende del grado de cabreo de los regantes una vez que pase el puente. Hasta el lunes hay tiempo suficiente para que suenen algunos teléfonos que traten de calmar los ánimos. El Gobierno de Valcárcel también maneja las claves y tiene que aguantar unos días y confiar en que el guión (el bueno) se cumpla. Pero, hoy por hoy, nadie garantiza nada porque el juego consiste en ver quién cede finalmente y en qué condiciones. El portavoz socialista José Antonio Alonso hizo la semana pasada una propuesta a Soraya Saénz de Santamaría que debe tener carácter verbal porque aún no hay un papel de por medio que ponga los puntos sobre las íes. Ya se sabe lo que hay: un baile de 6.000, 4.000 ó 2.000 hectómetros de reserva estimada (y presuntamente inocua) sobre todas las cuencas que riegan Castilla-La Mancha; todo recogido en el Preámbulo; la discusión de si se pone' reserva' o 'necesidad'; y la prioridad del territorio cedente. El PP de Castilla-La Mancha propuso ayer al PSOE prorrogar hasta la semana que viene el plazo para pronunciarse porque considera que aún quedan «flecos por cerrar». Menudo parto.