Varios colectivos ciudadanos, entre los que destacan la Asociación de Defensa del Patrimonio de Cartagena (Adepa) y la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac), se sumaron ayer a la causa penal abierta tras una denuncia particular por el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena en relación con la construcción de cuatro edificios de viviendas en la ladera norte del Monte Sacro.
Los nuevos denunciantes consideran que el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y el director general de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma, Enrique Ujaldón, pueden haber incurrido en responsabilidad penal por cuestiones urbanísticas, arqueológicas y medioambientales. Destaca el posible expolio de la muralla de Possi, del siglo XVI, situada en la calle Muralla de Tierra.
Adepa y la federación vecinal han presentado sus escritos de denuncia por separado, si bien coinciden en los aspectos sustanciales y en su postura de exigir responsabilidades ante la Justicia a los citados cargos de los gobiernos regional y municipal, ambos del Partido Popular.
La denuncia liderada por Adepa, y en concreto por su presidente Juan Miguel Margalef, tiene también el respaldo de cuatro vecinos y de los presidentes de la Asociación de Recreación deportiva Orgullo Cartaginense, Jorge Javier Sánchez; la Asociación Prolitoral, Martín Rodríguez; y la Plataforma Virgen de la Caridad, Josefa Muñoz.
Permuta con Portmán Golf
Los firmantes consideran que Segado, Ujaldón «cuantas personas resulten responsables de los hechos que se denuncian», pueden haber incurrido en cuatro delitos: contra el patrimonio artístico, prevaricación (dictar resoluciones injustas sabiendo que lo son), contra la ordenación del territorio y cohecho (aceptar una compensación, económica o de otra especie, para tomar una decisión o no tomarla).
Respecto a esto último, los denunciantes piden al juez (que estudia si paraliza las obras de forma provisional, aunque la promotora ya lo ha hecho) investigar un presunto delito de cohecho «entre las autoridades actuantes y el promotor Portmán Golf, como persona física, cuya iniciativa urbanística se promueve en representación de dicha mercantil consistente en una permuta de solares cuya compensación económica puede no ser equilibrada».
Margalef, quien fue director general de Cultura en el último gobierno regional del PSOE, explicó que una de las claves del escrito es la sospecha de que el Ayuntamiento actuó de forma ilegal al firmar un convenio con Portmán Golf en 1997 para entregarle la parcela pública del Monte Sacro a cambio de los edificios del Regidor y la Casa Moreno.
Adepa y el resto de colectivos y particulares que la secundan en los tribunales creen que hubo un perjuicio económico para el Ayuntamiento.
En declaraciones a 'La Verdad', Margalef señaló que pudieron ser irregulares las decisiones municipales de 1997 de cambiar el régimen de la parcela para que pasara a manos privadas, y en lugar de casas sociales se levantaran pisos de una promotora; y también la de 2007 de dejar la parcela ya de Portmán Golf como la única del Monte Sacro no expropiable por la Sociedad Municipal Casco Antiguo en su plan de rehabilitación de esa parte del centro urbano.
Bienes de interés cultural
En cuanto a Enrique Ujaldón, Juan Miguel Margalef ve una posible responsabilidad penal por no delimitar el entorno de la muralla y no advertir al Ayuntamiento de que debía incluir en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOP) como Bien de Interés Cultural (BIC).
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Leandro Sánchez, explicó que la iniciativa de su colectivo obedece a que la licencia para levantar las torres puede ser irregular, puesto que Urbanismo «sabía que en el Monte Sacro estaba la muralla pero aprobó construir cuatro edificios».
Sin respuesta institucional
Sánchez añadió que el Ayuntamiento y Cultura pudieron infringir las leyes de patrimonio al dar su visto bueno al PEOP, al no proteger los entornos de varios bienes de interés cultural: la muralla, el molino y el depósito de agua. También se refirió a que se está «destrozando» una de las cinco colinas históricas de la ciudad, a pesar de que un Real Decreto de 1980 cataloga el casco histórico como patrimonio históricio-artístico.
Ni el Ayuntamiento de Cartagena ni la Consejería de Cultura consideraron oportuno ayer explicar a su postura respecto a estas denuncias de colectivos vecinales. El consistorio subrayó su respeto a una investigación judicial abierta.
