El secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, arremetió ayer contra el Ministerio y pidió la supresión de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. Considera que este organismo no «está para aplazar decisiones de manera reiterada, que es lo que ha sucedido en los últimos meses, sino para tomarlas». Ha calificado como una «tremenda irresponsabilidad» la actitud de la Comisión. «Lo que los regantes necesitan es la seguridad y certidumbre de que van a tener agua para poder regar durante todo el trimestre». Saura ha concluido con que «el Estatuto de Castilla-La Mancha tiene que volver a los corrales y la Comisión de Explotación tiene que trasvasar agua, porque la hay y se necesita».
El portavoz del PP en la Asamblea regional, Juan Carlos Ruiz, ha asegurado que «se impone la línea del Gobierno socialista de la nación de marginación y castigo a la cuenca del Segura y a los regantes de la Región». Apunta que las declaraciones de Saura son «una pose». «El problema no es la Comisión, sino quien la compone y quien castiga a los murcianos, a los valencianos y a los almerienses negándonos sistemáticamente el agua para regar. Cuando gobernaba el PP no ocurría esto», indicó.
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, denunció el «secuestro político» del trasvase Tajo-Segura por el presidente Rodríguez Zapatero. Expresó su «indignación y rechazo» por la «manipulación» de este órgano técnico, que «debe regirse por criterios exclusivamente técnicos y por la Ley del trasvase». «Ha vuelto a demostrar que está absolutamente atado de pies y manos por el Gobierno socialista, que está decidido a castigar a los murcianos dejando morir lentamente el Tajo-Segura». Señaló que «los socialistas murcianos deben pedir explicaciones a su jefe Zapatero por esta decisión arbitraria». Aseguró que «la incertidumbre de los regantes sobre el agua de la que dispondrán acabará destruyendo la agricultura más productiva de Europa, que en estos momentos de crisis es uno de los pilares que sostiene, con sus exportaciones, la economía de España».
El Gobierno de Castilla-La Mancha señala que las reglas de explotación del acueducto «están obsoletas». Ha expresado su desacuerdo con el envío de unos 60 hectómetros, la mayoría para abastecimiento, cuando la cuenca del Segura está al 58 por ciento de su capacidad, mientras que la cabecera del Tajo lo está al 38 por ciento de la suya. (Según los datos oficiales, es del 44%; y el agua embalsada en cabecera es de 940 hectómetros ).
