El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena ha encargado un informe pericial para decidir si paraliza o no de forma provisional las obras de construcción de cuatro edificios de viviendas en la ladera norte del Monte Sacro, como le ha pedido la Fiscalía por posibles daños a la muralla del siglo XVII que atraviesa la zona. Según ha sabido 'La Verdad' de fuentes judiciales, el magistrado ha solicitado el estudio técnico a los mismos peritos que contrató en su día la promotora Portmán Golf para la elaboración de su proyecto urbanístico.
Tanto el juez como el Ministerio Público confían en la independencia de esos profesionales por dos motivos: que no tienen un vínculo laboral directo con la empresa, ya que sólo fueron contratados para ese trabajo; y que tampoco tienen una relación de dependencia de la administración pública.
Este trámite forma parte de la investigación abierta por el juez a raíz de la petición del fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, para que reabriera el caso (hace varias semanas archivó una denuncia del arqueólogo Javier García del Toro ante la Guardia Civil) y detuviera las obras.
La propia promotora ha detenido las obras de roturación del monte a la espera de que haya una resolución judicial que aclare si hay algún tipo de irregularidad en el proceso administrativo de concesión de la licencia, el posible expolio de la muralla del que el fiscal ve indicios u otras cuestiones.
El juez y el fiscal quieren saber si los trabajos que se llevan a cabo para crear una parcela en la calle Muralla de Tierra a costa del monte están causando algún daño en un tramo del lienzo de la defensa construida en la segunda mitad del siglo XVII por los arquitectos Juan Bautista, Balfagón y Lorenzo Possi. El sistema defensivo fue encontrado en 2003 y 2004 por un grupo de arqueólogos contratados por la empresa, bajo supervisión del Ayuntamiento.
Inspección y declaraciones
Según las fuentes consultadas, la decisión del magistrado puede ser inminente. Así, ya ha dado audiencia a las partes afectadas (la empresa, el consistorio y la Consejería de Cultura), ha visitado el solar donde se llevan a cabo el solar acompañado del fiscal y ha tomado declaración tanto al jefe de obra como a la arqueóloga que hizo el informe para la empresa, Mari Carmen Berrocal.
En todo caso, además del informe pericial también está previsto que comparezca ante el juez un responsable de la sección arqueológica de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, encargada de velar por la protección de la muralla durante las obras, puesto que se trata de elemento arquitectónico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
Mientras que el Ayuntamiento ha venido insistiendo en la legalidad del proceso urbanístico, Cultura ha hecho hincapié en que se han adoptado todas las medidas arqueológicas exigidas por las leyes de patrimonio. Ha negado que haya expolio, pues la parcela no tiene la consideración de BIC, y ha destacado que la muralla ha sido apuntalada para garantizar su preservación.
