Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. El Ayuntamiento de Totana adjudicó al bufete madrileño González Franco un «contrato menor de servicios» por 18.000 euros para que interpusiera una querella contra los responsables de las presuntas coacciones a comerciantes, a través de 'listas negras' en internet, durante lo más duro de la 'Operación Tótem'. La cifra -de la que 2.482 euros y 76 céntimos corresponde al IVA- está justo en el límite que establece la normativa estatal para la contratación pública sin concurso ni concurrencia de ofertas. Se da el caso de que González Franco es el mismo bufete que defiende al alcalde, José Martínez Andreo, en el 'caso Tótem'.
Según confirmó la letrada madrileña que lleva ambos asuntos, María Pascual, la querella fue admitida a trámite el 20 de octubre del pasado año, algo más de ocho meses después de haber sido presentada en el registro de los juzgados de Totana. «Estamos a falta de una gestión policial para identificar al responsable de una de las dos webs implicadas», asegura Pascual. Ambos responsables se podrían enfrentar a cargos de revelación de datos personales, injurias y calumnias.
Acuerdo de Pleno
Desde el Ayuntamiento de Totana se insiste en la legalidad del proceso y en que la decisión de interponer la querella se fundamenta en un acuerdo de Pleno, «aprobado por unanimidad» en marzo de 2008. Desde la oposición se critica que el acuerdo «no especificaba que se interpusiera una querella, sino que se decía que había que hacer una 'denuncia pública'». Andreo justificó el inicio de las acciones penales en el hecho de que el «espíritu de la moción» así lo daba a entender.
