La reestructuración va lenta, los políticos interfieren en la consolidación de las cajas de ahorro y el flujo de fondos públicos al sector financiero es escaso. Moody's acaba de avisar que estos tres factores ejercen presión sobre las notas con las que califica a la deuda y los depósitos de algunas entidades, que podrían revisarse a la baja en el futuro.
Las autoridades y el sector financiero español se refieren con orgullo a los escasos fondos públicos utilizados en el rescate de entidades bancarias nacionales, pero a la entidad calificadora esta ausencia de recursos le parece un obstáculo para el saneamiento.
Que los fondos públicos han sido escasos no es un secreto, precisamente. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorro, ni siquiera la emisión de 1.700 millones de euros para el saneamiento de Caja Castilla-La Mancha constituye una ayuda pública, al haber sido adquirida por el Fondo de Garantía de Depósitos del sector. Otros apoyos, como la compra de activos y los avales, han generado ganancias al Tesoro, vía intereses y comisiones, por 1.540 millones.
A Moody's le parece que «la escasa cantidad de fondos públicos que ha llegado al sector», junto a la reconocida demora en la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), están poniendo en riesgo su estimación de que la solvencia de ciertas instituciones iba a mejorar durante el actual ejercicio. Pese a esta consideración, el informe reconoce que el objetivo del Banco de España de concluir la reestructuración antes del 30 de junio es «tranquilizador».
Por el contrario, la agencia de calificación recela del papel desempeñado por los poderes políticos en la aprobación de los procesos de fusión o integración de las cajas de ahorro, un factor que considera clave del «lento proceso de consolidación de este segmento».
