Los jóvenes con una tasa de paro del 40 % y el empleo temporal que afecta a tres de cada 10 ocupados centran la reforma laboral. Descartada la creación de un nuevo contrato para luchar contra la crisis, la negociación se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas. Las reuniones se celebran con suma cautela y lo más alejadas posible de los medios de comunicación.
Los interlocutores -Gobierno, patronales y sindicatos- aseguran que el acuerdo es posible. El Ejecutivo ha puesto como fecha tope para el entendimiento el 30 de abril. «A partir de entonces, si la confrontación persiste, actuaremos», mantienen miembros del Gabinete.
La mesa de negociación busca pues acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esos contratos para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido.
