El fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena que paralice de forma provisional la construcción de cuatro edificios en la ladera norte del Monte Sacro por posibles daños a la muralla del siglo XVI, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).
El juez, que archivó hace unos días la denuncia presentada por el arqueólogo Javier García del Toro por presunto expolio, ha instado a las partes implicadas en el caso (Ayuntamiento, Comunidad y la promotora Portmán Golf ) a que expongan su postura respecto a esa petición.
Según informó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la decisión del juez puede tardar varios días. Entre tanto, la empresa continuó con la construcción de cuatro bloques para 68 viviendas en la calle Muralla de Tierra.
Como adelantó este diario en su edición digital ('www.laverdad.es') fuentes de la Fiscalía explicaron que Díaz Manzanera ha pedido reabrir el caso por los indicios de infracción penal. Ha recabado información tanto de García del Toro, ciudadanos y la federación de vecinos.
Además, ha analizado la información obtenida en la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad Autónoma, a cuya sede envío a agentes de la Guardia Civil en busca del expediente del proyecto.
El fiscal también solicitó un informe al Ministerio de Cultura para saber si consideraba que las obras podía haber un expolio del patrimonio, ya que se llevan a cabo dentro de la zona del casco histórico catalogada en un Real Decreto de 1982 como Conjunto Histórico Artístico. Una de las cuestiones que quiere aclarar el fiscal es si se está haciendo un desmonte ilegal de una de las cinco colinas históricas de la ciudad.
El Ayuntamiento y la Comunidad han defendido la legalidad de la licencia urbanística, porque se ha respetado el Plan de Ordenación y Protección del Casco Histórico (PEOP) y se están aplicando todas las medidas de protección arqueológica de la muralla y la parcela. En Portmán Golf no quisieron hacer declaraciones.
La petición coincidió con la recomendación hecha por la Consejería de Cultura a la promotora de que apuntale la muralla para evitar daños por una nueva fase de la obra.
En la Asamblea Regional el PP rechazó una moción de Teresa Rosique, del PSOE, y José Antonio Pujante, de Izquierda Unida (IU), para instar al Gobierno regional a detener las obras. El PP atribuyó al PSOE complicidad con el proyecto, porque «arropó y apoyó la figura urbanística que permite que se ejecute este proyecto»: el PEOP.
El diputado Vicente Balibrea denegó cualquier freno administrativo porque «el PP tiene que ser respetuoso con la legalidad vigente y seguirá siendo congruente, sin jugar a la yenka como la oposición».
IU: «Patrimonio-mercancía»
Rosique reclamó la paralización porque está actuando la Fiscalía y faltan garantías de preservación de la muralla. Acusó a la Consejería de Cultura de «incumplir la ley de patrimonio» y «mentir» al asegurar que no es necesario delimitar el entorno de protección del BIC, que balizó la zona bien y que designó a un supervisor arqueológico antes de empezaran las obras.
José Antonio Pujante cargó contra el Ayuntamiento porque «en lugar de poner en valor el patrimonio histórico, apuesta por destruirlo o utilizarlo como mera mercancía».
