A los agricultores de Abarán les ha salido un nuevo contratiempo. La juez María Dolores Sánchez López ha decidido inhibirse a favor del juzgado Decano de Cieza en el procedimiento que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la comunidad de regantes. El auto será recurrido, porque los abogados de los regantes creen que «este retraso afectará a la investigación y a las peticiones de los regantes puestas de manifiesto en el escrito remitido a la juez hace varios días». Esas peticiones están relacionadas con «los ordenadores y los programas de gestión, que necesitamos porque estamos trabajando con 'palicos y cañicas' y así difícilmente puede facturar la comunidad».
Los regantes celebraron el viernes por la noche una asamblea informativa que no estuvo exenta de tensión. El presidente Alberto Ato, que lleva en el cargo varios meses, relató los acontecimientos desde el pasado 8 de febrero, día en el que la Policía Judicial de la Guardia Civil procedió al registro y se incautó de todo el material.
Ato tuvo que responder a preguntas relacionadas sobre las dos presuntas irregularidades. Sobre el cobro tres veces mayor del agua, fue claro y dijo que «hace años se acordó en asamblea la explotación conjunta de todos los recursos y se estableció un precio único viniese de donde viniese el agua», y sobre los dos hectómetros cúbicos, afirmó que «el Motor Resurrección dispone por decreto del año 1953 una concesión de casi 770.000 metros cúbicos y la dotación correspondiente a los regadíos de 3.121.000 metros cúbicos».
La decisión de levantar la sesión fue criticada por numerosos comuneros que pretendían formular preguntas y ruegos y llevó a enfrentarse dialécticamente con el presidente que insistió en no poder responder debido al secreto de sumario. Esta situación puso de relieve la división entre los regantes, algunos de los cuales piensan tomar medidas dentro de unos días.
