Pocas cosas pueden ser más impenetrables, y estar más celosamente guardadas, que las cuentas de una comunidad de regantes. Y sobre todo si distribuye aguas de diversa procedencia y a distinto precio, y si sus comuneros tienen tierras repartidas en dos municipios. Oficialmente, estas entidades disponen de unas concesiones que fijan el agua que les corresponde, pero una vez dentro de los capilares de las fincas y huertos se abre otro mundo complejo, pasional y a menudo conflictivo. Las disputas por el agua las suelen solventar los comuneros puertas adentro, pero a veces se produce un aldabonazo, como ayer en Abarán, que sacude el mundo de los regantes.
Largos años de guerra interna en el seno de la Comunidad General de Regantes de Abarán estallaron ayer cuando una veintena de agentes de la Guardia Civil registró las instalaciones a raíz de una denuncia de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la distribución y contabilidad del agua. Los agentes actuaron desde primera hora de la mañana por orden del juzgado número 4 de Cieza y permanecieron la mayor parte del día requisando documentos y ordenadores. La iniciativa de la Fiscalía puede tener relación al parecer con una demanda penal presentada por algunos comuneros, quienes venían denunciando desde hace años presuntos cobros irregulares por agua de distinta procedencia, tanto de la propia cuenca como del Trasvase.
El juez ha decretado el secreto del sumario. Al estallido de Abarán le puede seguir otro en Molina de Segura. Ayer se comprobó que nadie era ajeno a los conflictos que atravesaba esta comunidad de regantes, y pocos se esperaban que la Fiscalía tomara cartas en un asunto que, de entrada, no se limita a una mera disputa interna por el reparto del agua.
«Me pilla por sorpresa»
El gerente de la Comunidad General de Regantes de Abarán, Manuel Mora, declaró a esta Redacción que el registro le había «pillado por sorpresa» y negó que hubiera irregularidades en las cuentas. También rechazó la existencia de quejas por parte de comuneros que no estaban de acuerdo con la forma en la que se contabilizaba el agua. «Yo me dedico a repartir el agua. Los que la cobran son los bancos», señaló. Ante la actuación de la Guardia Civil, comentó que «si hay una zorra, habrá que pelarla». Reprodujo lo que había oído en un medio de comunicación referente a la supuesta «venta fraudulenta de agua» en épocas anteriores, pero insistió en que no sabía nada.
A diferencia de Mora, la mayoría de fuentes consultadas por 'La Verdad', entre ellos varios comuneros, coincidió en que esta comunidad de regantes era una bomba de relojería a causa de un largo historial de peleas internas alumbradas por un complicado sistema de reparto de agua que arrancaba de la época de José Joaquín García Yelo, que presidió este organismo desde 1981 hasta 2006. Al mismo tiempo, fue el máximo dirigente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura.
Dos hermanos al frente
Los agentes se llevaron seis cajas de documentos y dos armarios cerrados que cargaron en un camión del Ayuntamiento de Abarán. Sobre las ocho de la tarde, el presidente de la Comunidad General, Alberto Ato Vega, se presentó en la sede, situada a tres kilómetros de Abarán, en el paraje Casa Alcántara, y señaló que se había enterado del registro por los medios de comunicación. Los agentes también se presentaron en una de las tomas de agua.
Uno de los comuneros que ha estado guerreando contra la directiva fue muy gráfico: «Esta Comunidad la montaron unos señores en el año 80 y hacían lo que querían. Cogían agua de un sitio y la pasaban a otro, a su antojo. A unos les cobraban el agua más cara que a otros. Impugnamos muchas asambleas porque eran ilegales». Según éste, había casi un centenar de comuneros disconformes con aquella situación. Otro comunero explicó, con similar vehemencia, que se impugnaron acuerdos de nueve juntas directivas de la comunidad de regantes. Añadió que las presuntas irregularidades se pusieron en conocimiento de la Confederación hidrográfica, pero que ésta no actuó como esperaban.
Los supuestos «chanchullos» y «trapicheos» denunciados durante años por un grupo de comuneros tenían relación, al parecer, con dobles contabilidades. Según algunas fuentes, se cobraban caudales de la cuenca como si fuera del Trasvase, tres veces más cara, informó la agencia Efe. Otras fuentes indican que el conflicto está más relacionado con el agua del Segura, aunque ésta no se podía disociar en muchos casos de la que procedía del Tajo a la hora de hacer el reparto.
La historia está plagada de ramificaciones. La Comunidad General de Regantes de Abarán agrupa a unos mil comuneros repartidos a su vez en tres comunidades que poseen 1.400 hectáreas : Parcelas del Trasvase, que recibe aguas del Tajo para redotar los regadíos de la zona; el Motor Resurrección y el Grupo 1485, que toman caudales del Segura a través de dos motores. Hasta hace pocos años, esta Comunidad estaba unida a la de Blanca. Aunque la separación oficial no lo es de facto, puesto que hay comuneros que tienen tierras en ambos municipios y reciben aguas de diversas procedencia, lo cual complica más la situación.
Para más detalle, el gerente de Abarán es hermano del presidente de los regantes de Blanca, José María Mora, quien ayer manifestó que las cuentas «son diferentes» y que no tienen nada que ver con el registro efectuado.
La agencia Efe informó que los regantes de Blanca y Abarán pensaban que tenían adjudicados 6 hm3. En junio de 2005, y en plena sequía, se enteraron de que habían consumido toda esa cantidad. Ante las protestas, responsables locales y de la gestión del agua tanto regionales como nacionales «consiguieron aflorar» otros 2 hm3 que «hasta entonces los comuneros desconocían que era parte de su dotación o derecho de riego». La cuestión es que si la Comunidad de regantes de Abarán y Blanca contaba con casi dos millones más de agua para sus campos, desde cuándo y por qué se ocultó esa cantidad a los propios comuneros. La Confederación dijo desconocer ese volumen.
Acudir a la Confederación
Como no todo es blanco o negro, resulta que la Confederación Hidrográfica del Segura ha tenido que corregir las asignaciones de agua que le corresponden a Abarán y Blanca, ya que la primera tiene más caudales y menos superficie que la segunda. De esta forma, los 4 hectómetros de agua del Trasvase que tenía asignada cada comunidad de regantes, se modificarán con otro reparto: 3,1 para Abarán y 4,8 para Blanca.
Fuentes de la Confederación opinan que éste es uno de los orígenes del conflicto, si bien el organismo de cuenca se sitúa al margen de esta historia, puesto que considera que se trata de instituciones privadas que deben aclarar su situación por su cuenta. «Si tienen conflictos económicos que solucionar deben acudir a la jurisdicción civil», precisaron.
La historia de Abarán y Blanca no es nueva para la Confederación. El triple origen de las aguas con precios distintos fue el desencadenante de las denuncias de un grupo de comuneros que argumentaron que no se realizaba bien el reparto interno de los caudales y los pagos. Estos presentaron un recurso hace año y medio en la Confederación, cuyos responsables sugirieron que el cariz que tomaban las denuncias sólo tenían cabida en los tribunales. Lugar donde al parecer han terminado.
El presidente de la Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita, se limitó a comentar que hay que dejar trabajar a la Fiscalía para aclarar el asunto. Explicó que el organismo de cuenca entrega el agua del Tajo al Sindicato Central de Regantes para que éste a su vez la distribuya entre las 70 comunidades que tiene asociadas. Lamentó, por otra parte, que esta situación pueda ser utilizada para enmarañar la gestión del agua que se hace en la cuenca.
El presidente del Sindicato de Regantes, José Manuel Claver, señaló por su parte que se trata de un asunto propio de esta comunidad. Comentó que el Sindicato tenía conocimiento de algunos problemas internos y de algunas juntas de gobierno que habían sido impugnadas. Esta redacción intentó sin éxito ponerse en contacto con José Joaquín García Yelo.
