UMU y UPCT exigen al presidente que cumpla «su obligación» de defender los intereses públicos

José Orihuela y Alejandro Díaz Morcillo. /LV
José Orihuela y Alejandro Díaz Morcillo. / LV

Orihuela: «Un sistema liberal puede caer en el mercantilismo, pero estaremos aquí para luchar contra ello»

Fuensanta Carreres
FUENSANTA CARRERESMurcia

La defensa de la inversión de los contribuyentes murcianos en la educación superior y de los intereses de todos los ciudadanos debería ser, para los rectores de las dos universidades públicas de la Región, los principios inspiradores de la reforma de la ley, que ha destapado la controversia a cuenta de la duplicidad de títulos universitarios. La redacción de la nueva ley regional, que debe actualizar la de 2005 y adaptarla a la LOE, está aún en fase embrionaria, pero apenas se ha iniciado el debate y ya ha quedado claro cuál será el punto de fricción: las dos universidades públicas exigen que la normativa impida a la privada UCAM implantar títulos que ya imparten la UMU y la UPCT, y la Católica se niega a admitir límites a su desarrollo.

La defensa de la «libertad de elección» y de una oferta «plural que permita escoger a las familias y a los estudiantes» que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, realizó el martes en el acto de apertura de curso de la UCAM, fue interpretada ayer por los dos rectores de las instituciones públicas como una dejación de su «obligación de proteger y atender las necesidades y demandas de todos los ciudadanos», en palabras de José Orihuela. Entiende que «no se puede atender a duplicidades mientras la universidad pública no pueda atender toda la demanda de estudiantes, lo que ocurre todos los años en títulos como Traducción, Fisioterapia, Medicina y Odontología».

Criterio común
La creación y supresión de centros se inspirará, entre otros, en el principio general de las necesidades socioeconómicas y culturales de la Región.
Criterios aplicables a las universidades públicas
El artículo 12 especifica, entre otros criterios, la complementariedad académica y la especialización de las universidades públicas, la disponibilidad de recursos económicos, las demandas sociales y, en especial, de los sectores productivos de la Región, y la organización conjunta de enseñanzas entre distintas universidades.
Criterios aplicables a las universidades privadas
El artículo 13 de la ley establece, entre otros, la racionalización de la oferta universitaria y la disponibilidad de recursos económicos e infraestructuras docentes e investigadoras para garantizar la calidad y estabilidad de la oferta.

El argumento esgrimido por López Miras, la «libertad de las familias para elegir», puede tener, para Orihuela, consecuencias de peso: «Un gobierno regional debe atender esas necesidades de plazas antes que cualquier libertad mal entendida, porque no es libertad cuando el dinero que se desembolsa no es el mismo. Un sistema liberal -añadió el rector de la UMU- puede caer en mercantilizar la educación, pero aquí estaremos para luchar contra ello», advirtió el rector de la UMU.

La inversión que la Administración realiza en el mantenimiento de los grados en las universidades públicas quedaría además perjudicada, en opinión del rector de la UPCT, en el caso de que la nueva norma permita seguir duplicando títulos: «Si se crean títulos y luego no se captan alumnos porque se dispersan los estudiantes, se desperdician los recursos públicos y la inversión y nos cargamos el sistema», alertó Alejandro Díaz Morcillo, para quien la actual ley «permite una discrecionalidad que no ha sido positiva. Soy partidario de la libre competencia y respeto la libertad de la universidad privada, pero el esfuerzo económico que hace la sociedad en la educación superior no puede ser desperdiciado».

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