Un juez procesa a Trinitario Casanova por un presunto fraude fiscal de 9 millones

Trinitario Casanova./Alfonso Durán / AGM
Trinitario Casanova. / Alfonso Durán / AGM

El empresario habría utilizado facturas falsas e intermediarios ficticios para acreditar gastos que no se habían producido y pagar menos impuestos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Cuando los ecos de la sentencia condenatoria del ‘caso Zerrichera’ no han dejado de escucharse en los pasillos del Palacio de Justicia de Murcia, una resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, acaba de situar muy cerca del banquillo a quien fue el protagonista principal de aquella operación urbanística en Águilas: Trinitario Casanova. Las razones por las que previsiblemente será juzgado son, sin embargo, bien diferentes a los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio que centraron la investigación judicial sobre la recalificación ilegal de una amplia extensión de terreno en la finca La Zerrichera.

Y es que Trinitario Casanova salió con buen pie de aquellas diligencias -llegó a estar imputado, pero se sobreseyeron los cargos existentes- y ahora parece irremediablemente abocado a juicio por presuntos delitos fiscales, falsedad documental y delitos contables, en los que supuestamente habría incurrido con el objetivo de pagar menos impuestos por los beneficios que le reportó,entre otras, aquella operación inmobiliaria. Las diligencias por las que el magistrado Castillejos acaba de dictar auto de procedimiento abreviado -equiparable al de procesamiento- se iniciaron en 2009, después de que inspectores de la Agencia Tributaria detectaran que Casanova se habría concertado con otras personas y sociedades con el aparente fin de defraudar a la Hacienda Pública. Para ello habría utilizado dos vías: la simulación de trabajos y movimientos de tierra en solares de su propiedad y la falsa existencia de labores de intermediación en compraventas de fincas.

Lo que habría hecho, siempre según el auto dictado por el juez, habría consistido en adquirir facturas falsas a través del Grupo Inversor Hispania, que le habría permitido simular importantes gastos y, con ello, aminorar así ficticiamente los beneficios que obtenía, lo que se traducía en un abono de impuestos muy inferior al que le habría correspondido.

Una compleja investigación

El instructor de las diligencias deja en su resolución algún atisbo de la complejidad de estas diligencias, debido a la existencia de importantes movimientos de dinero en metálico, la ausencia de soportes documentales en las mercantiles, las constantes subcontrataciones, las figuras forzadas de contratación, el recurso a la autocontratación, los errores de localización en las facturas..., cuyo análisis ha aportado «un material probatorio suficiente».

En concreto, el magistrado apunta a que en el año 2004 habría podido defraudar 1,6 millones en Impuesto de Sociedades (IS); un millón más por el mismo concepto en 2005, y seis millones por IS y 203.000 euros más por IVA. Del mismo modo se estima que otra compañía investigada, Baltirén SL, perteneciente a otros empresarios, pudo defraudar casi otro millón de euros en 2006 y 2007 por IS e IVA.

Uno de los aspectos más llamativos del auto dictado por el juez Castillejos radica en la imputación a Trinitario Casanova de haberse deducido en tres años gastos personales por importe de tres millones de euros, correspondientes a objetos de lujo como plumas estilográficas Montblanc, viajes y vuelos privados, restaurantes, hoteles, eventos deportivos, donativos y adquisiciones de coches de lujo.

El magistrado le achaca haberse deducido tres millones por gastos personales como viajes, restaurantes, hoteles y automóviles de lujo

Las personas contra quienes finalmente se dirigen las acusaciones formales del instructor son el mencionado empresario y otros 22 hombres de negocios, testaferros y supuestos emisores profesionales de facturas falsas, que se sitúan a solo un paso de ir a juicio por presuntos delitos fiscales, delitos contables y falsedad documental. Igualmente señala a 17 empresas como posibles responsables civiles de la defraudación: Grupo Inversor Hispania, Angajunior, Matesol de Levante, Store Mur, Rehabilitaciones Mover, Ladrimur, Inversiones Anior, Construcciones y Ferrallas Granada Sur, Inversiones Eliocroca, Explotaciones El Trebolar, PV 84, Baltirén, Quality Management Business, Alquileres On Line, Niceday Eurogroup, Glorias Spain y Catering Exquisito.

El magistrado da un plazo de veinte días al fiscal, a las otras acusaciones y a las defensas para que formulen sus escritos y pidan, si así lo consideran, la apertura de juicio.

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