Transportes dice que conoció el fraude por la Policía y un informe lo desmiente

Informe de la Consejería de agosto de 2015 que alertaba de que un jefe de sección había avalado un curso no realizado./LV
Informe de la Consejería de agosto de 2015 que alertaba de que un jefe de sección había avalado un curso no realizado. / LV

La Consejería niega que supiera que se expedían títulos de forma irregular, a pesar de que la Inspección ya lo advirtió el 8 de agosto de 2015

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Lejos de intentar ofrecer explicaciones sobre las razones por las que se mantuvo en su puesto a un jefe de sección de la Dirección General de Transportes, J. P. M. G., sospechoso de expedir certificados de Aptitud Profesional (CAP) por cursos no realizados, la Consejería optó ayer por negar la evidencia. Un portavoz de este departamento aseguró ayer a 'La Verdad' que el primer conocimiento sobre estos hechos se tuvo en noviembre de 2016, a raíz de la intervención policial que acabó con la detención de este empleado público y otra media docena de supuestos integrantes de la trama.

La fuente mencionada admitió que el Servicio de Inspección detectó, en alguna ocasión, irregularidades por parte de las academias que impartían los cursos de formación a transportistas, lo que ha motivado la apertura de expedientes sancionadores, pero insistió en que, «en ningún momento, en el seno de esas investigaciones o procedimientos, se ha detectado que existieran personas pertenecientes a la Consejería que pudiesen estar relacionadas con una posible trama o que pudiesen estar cometiendo irregularidades en la inspección o en las expediciones de títulos».

Pese a la contundencia de esta declaración, un documento de la propia Consejería, que está incluido en las diligencias judiciales sobre esta red de supuesta corrupción, desmiente por completo la versión oficial. Casi año y medio antes de que la Policía Nacional irrumpiera en las dependencias de la Dirección General de Transportes, en concreto, el 8 de agosto de 2015, un informe interno alertó de que se había descubierto que un curso del CAP no se había realizado y que el jefe de sección responsable de esa materia, pese a haber sido advertido de tan «grave irregularidad», había «procedido a validar el mencionado curso y a entregar las tarjetas, desconociendo las razones que han dado origen a esta decisión administrativa».

Pese a la existencia de tal informe, dirigido a la jefa del Servicio de Inspección, no consta que se adoptara medida preventiva alguna contra ese empleado público, que, de hecho, siguió en su puesto hasta el momento de su detención. La Consejería tampoco alertó del asunto a la autoridad judicial.

Ayer, el mencionado portavoz de la Administración regional explicó que si, a día de hoy, aún no se actuado para anular los títulos otorgados de forma supuestamente irregular, se debe a que el asunto sigue bajo secreto de sumario. Cuestión, por otro lado, también errónea, pues el juez levantó el secreto meses atrás.

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