La 'trama Ninette' acumula peticiones de penas de más de 75 años de prisión

Mariano Ayuso Ferández, Juan Escudero Sánchez, Juan Ignacio Ayuso, Valero Garcerán Ros, Francisco Javier Garcerán García y Juan Antonio Roca Nicolás /LV
Mariano Ayuso Ferández, Juan Escudero Sánchez, Juan Ignacio Ayuso, Valero Garcerán Ros, Francisco Javier Garcerán García y Juan Antonio Roca Nicolás / LV
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El arquitecto municipal, Mariano Ayuso, está acusado de liderar una red de sociedades y testaferros para lucrarse con el urbanismo local

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Doce años después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tomaran el Ayuntamiento de Los Alcázares, en la que constituyó una de las primeras grandes operaciones contra la corrupción en la Región, los sospechosos del presunto saqueo de las arcas municipales ya saben cuáles son las penas a las que se enfrentan. La Fiscalía Superior acaba de presentar su escrito de calificación contra quince encausados, para quienes reclama condenas que suman 75 años de prisión y cientos de años de inhabilitación como presuntos autores, entre otros muchos delitos, de la malversación de 3,7 millones de euros.

La supuesta trama delictiva habría estado liderada por el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, sobre quien el fiscal arroja la gran mayoría de las imputaciones delictivas. En concreto, le acusa de haber constituido un gran entramado societario y de testaferros, a través del que habría logrado «controlar todo el mercado inmobiliario y de proyectos arquitectónicos del municipio de Los Alcázares». Esa presunta actividad delictiva la habría desplegado desde su doble condición de máximo responsable técnico del urbanismo local y de administrador en la sombra del despacho de arquitectos Gyps Fulvus, que estaba a nombre de su hermano, el también imputado Juan Ignacio Ayuso.

La calificación del fiscal para los principales encausados

Mariano Ayuso Ferández. Arquitecto municipal
21 años. Asociación ilícita, negociaciones prohibidas, cohecho, falsedad, prevaricación, blanqueo y malversación
Juan Escudero Sánchez. Exalcalde socialista
6 años. Malversación y prevaricación, por pagar supuestamente la reforma de su academia con dinero público
Juan Ignacio Ayuso Fdez. Presunto testaferro
3 años y 6 meses de cárcel se le pide por asociación ilícita, negociaciones prohibidas y delito fiscal
Valero Garcerán Ros. Constructor
10 años. Acusado de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, falsedad y malversación de caudales
Fco. Javier Garcerán García. Constructor
10 años. Acusado de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, falsedad y malversación de caudales
Juan Antonio Roca Nicolás. Empresario
6 años y tres meses le piden por presuntos delitos de acusación ilícita, negociaciones prohibidas y cohecho.

«Movido por un ánimo desmedido de beneficio económico, moviéndose sin ningún recato ni pudor en todos aquellos asuntos municipales en los que pudiera sacar provecho económico, y amparándose en la situación privilegiada que le otorgaba su puesto municipal», Ayuso y sus 'socios' habrían alcanzado un «total control de todos los proyectos técnicos importantes del municipio, con clara exclusión de la competencia; de las adjudicaciones de proyectos municipales; de adjudicaciones de parcelas municipales; de adjudicaciones de obras privadas..., pasando a ser el salvoconducto de que todo se iba a autorizar o no, en función de sus intereses privados».

El exalcalde Escudero habría cargado 180.000 euros de las obras de su academia al presupuesto de la Casa Consistorial

Todos los grandes proyectos

Dentro de esa supuesta maquinación dirigida a enriquecerse desde su posición de alto funcionario, Ayuso habría establecido una relación de conveniencia con dos constructores locales, Valero Garcerán y su hijo Francisco Javier, con quienes estaba presuntamente asociado en múltiples operaciones.

Las empresas de estos dos promotores resultaron adjudicatarias de la inmensa mayoría de las grandes obras municipales: Casa Consistorial y aparcamiento público, Centro Cultural Alcazareño, Cuartel de la Policía Local y Protección Civil, piscina municipal climatizada, residencia de la tercera edad, consultorio de asistencia primaria... «Y en todas las mesas de contratación estaba presente Mariano Ayuso», recuerda el Ministerio Público.

Para sustraerse al régimen de incompatibilidades, que le impedía dirigir el despacho que copaba los proyectos urbanísticos del municipio y a la vez ejercer como arquitecto municipal, Ayuso habría contado con un grupo de colegas de profesión, que se habrían avenido a prestarle la firma para que no figurase como redactor de los documentos.

Entre los hechos supuestamente delictivos que el fiscal le atribuye figura el de haberse apoderado de dos parcelas de titularidad municipal, que logró adjudicarse presuntamente a través de testaferros y que le habrían proporcionado relevantes beneficios. Una de ellas, que vendió al líder de la 'trama Malaya', el cartagenero Juan Antonio Roca, le supuso un pelotazo de 3,5 millones, de los que 2,4 los considera el fiscal «un regalo o dádiva» que Roca dio al arquitecto municipal por los «servicios prestados» en el municipio.

Entre tales «servicios» destacaría el haber permitido que un hotel de cuatro estrellas, que el cerebro de la 'Malaya' promovía en pleno centro de Los Alcázares, tuviera una planta más de las legalmente permitidas.

Cuando la Policía Nacional intervino el Ayuntamiento alcazareño y detuvo a Ayuso y al entonces alcalde Escudero, el arquitecto acumulaba un patrimonio multimillonario, con 38 bienes inmuebles urbanos y dos fincas rústicas, ocho turismos, tres motocicletas y un camión, además de cuentas en Andorra que movieron más de 1,6 millones.

El alcalde Escudero tampoco habría dejado de sacar provecho personal de esta situación, siempre según el fiscal. Supuestamente con la aquiescencia del constructor Valero Garcerán y del arquitecto Ayuso, el primer edil habría cargado parte del coste de la reforma acometida en una academia de enseñanza de su propiedad, unos 184.000 euros, al presupuesto de las obras de la Casa Consistorial. Otro tanto habrían hecho con dos casas familiares que se construyó el entonces secretario municipal, Diego Sánchez, con unos 460.000 euros repercutidos al coste del nuevo ayuntamiento. El fallecimiento de Sánchez en 2012 ha extinguido cualquier responsabilidad penal que pudiera tener.

Las partidas presuntamente infladas en la construcción de la Casa Consistorial habrían ascendido a 3,7 millones de euros, pasando de los 6,8 presupuestados a los más de 10,5 millones que acabó costando.

El Ministerio Público considera que los hechos relatados son constitutivos de delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas, contra la hacienda pública, cohecho, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. La peor parte se la ha llevado el arquitecto municipal Mariano Ayuso, con peticiones de cárcel que suman 21 años, seguido por los constructores Valero y Francisco Javier Garcerán (10 años) y el exalcalde Escudero (6 años).

Los otros presuntos participantes en la red delictiva

La red de testaferros. Hermano, esposa, cuñada...
Según el fiscal, la supuesta red de testaferros que habría constituido Mariano Ayuso estaba integrada por su propia esposa, Florentina S., a quien se le pide un año de cárcel; su hermano Juan Ignacio Ayuso (tres años y medio); la esposa de este, Inmaculada C. (siete años) y la cuñada de Florentina, Carmen P.G (un año de petición de cárcel).
Prestatarios de firma. Cuatro arquitectos que ponían la cara
Aunque Mariano Ayuso no estaba formalmente vinculado al despacho Gyps Fulvus, era quien realmente lo controlaba, según el fiscal, y contaba con una red de profesionales que supuestamente le prestaban la firma: Miguel Ángel G.I., Juan Manuel F.O., Enrique S.M. y José Antonio V.B. Para cada uno de ellos se pide un año y tres meses de cárcel.
El todopoderoso secretario. Diego Sánchez y los dos chalés junto al mar
Diego Sánchez, el artífice de la segregación de Los Alcázares y todopoderoso secretario municipal, se habría lucrado presuntamente con la construcción de dos chalés a la orilla del Mar Menor. Los levantó Valero Garcerán y unos 460.000 euros de esas viviendas habrían sido cargados al presupuesto de la Casa Consistorial. Sánchez falleció en 2012.
Dos de la 'trama Malaya'. Roca y Corulla, su fiel lugarteniente
El líder de la ‘trama Malaya’, Juan Antonio Roca, habría aprovechado la particular situación del urbanismo de Los Alcázares para hacer negocios. Promovió un hotel y lujosas urbanizaciones, que presuntamente contaron con las ayuda de Ayuso. Monserrat Corulla, su fiel lugarteniente, realizaba muchas de las gestiones. Les piden 6 años y 3 meses a cada uno.

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