Totana pierde 300.000 euros al año por fraudes en la red de agua

El fontanero municipal, Juan Antonio, alias ‘El Sifones’, junto a la edil de Agua, Antonia Camacho, y el oficial jefe de la Policía Local de Totana, el pasado lunes, desmantelando una toma de agua ilegal en una finca agrícola del paraje de La Coronela. / Paco Alonso

El Consistorio puso en marcha una campaña contra las tomas ilegales y ya ha abierto veinte expedientes

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

Se define como «fontanero de cuna» y de casta le viene al galgo porque 'El Sifones', como le conocen cariñosamente en Totana, tiene un olfato especial para destapar chanchullos hídricos. «A veces tapan el latiguillo con una paletada de yeso», ejemplifica sobre el 'camuflaje' con el que algunos tratan de enmascarar un contador manipulado. Las irregularidades en los aparatos de medición y las tomas ilegales le cuestan al Servicio Municipal de Aguas 300.000 euros anuales de pérdidas. Este dato, sumado a la sequía que sufre la Región, llevó a la edil de Agua y Alcantarillado, Antonia Camacho, a poner en marcha en octubre de 2017 una campaña contra los fraudes de agua y ya se han abierto veinte expedientes sancionadores.

«Cada día se analiza el historial de consumo de 250 a 300 contadores y caudalímetros del municipio», advierte Camacho. Un equipo de 'La Verdad' pudo acompañar esta semana a un fontanero y un técnico del Servicio Municipal de Aguas en una ronda de inspecciones. Nunca van solos, siempre les acompaña la Policía Local. «Acudimos para darles seguridad porque en algunos casos ha salido el propietario de la vivienda y han tenido algún problema», explica el oficial jefe de la Policía mientras nos subimos en un coche patrulla para realizar un chequeo de los contadores y la red de abastecimiento del paraje de La Coronela.

Pasan nueve minutos de las 10.30 horas, solo hemos recorrido unos metros de un camino rural salpicado por casas de campo y fincas agrícolas, cuando el fontanero municipal, Juan Antonio, alias 'El Sifones', y un técnico, se percatan de que la maleza esconde una tubería sospechosa. «Aquí debería haber un contador, pero hay una toma directa a la red», apunta 'El Sifones' al tiempo que analiza la cañería. «Es de polietileno y el agua no se está empleando para consumo humano».

No se equivoca. La toma va directamente a la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y a su vez se deriva a un entramado de conducciones de riego por goteo que abastecen a decenas de paleras, limoneros y naranjos de una parcela.

«Puede estar consumiendo ilegalmente 1.000 metros cúbicos al trimestre», estima el técnico desde el anonimato para evitar problemas con el infractor. «Con esa agua se podrían abastecer de 30 a 40 viviendas». En Totana el agua se factura trimestralmente, por lo que este agricultor se está ahorrando entre 2.000 euros y 2.500 euros. El técnico lamenta que es la segunda vez que pillan a este agricultor defraudando agua: «Hay mucha reincidencia, eso es lo más triste». La primera vez que le sorprendieron se había conectado a la red de otra finca agrícola de la zona y el asunto no se destapó hasta que el afectado acudió al Ayuntamiento asustado por la cantidad desorbitada de consumo que se le quería facturar.

«Ha tomado medidas para que nos cueste más trabajo cerrar y precintar, quitando la llave de paso», se queja 'El Sifones'. El agua sale a chorros al cortar la tubería y mientras coloca en la toma pirata un precinto numerado, la edil Antonia Camacho, presente en la inspección, se muestra indignada: «Es penoso ver cómo en la situación de sequía que hay en la Región, un vecino no tiene reparos en hacer una conducción ilegal para regar arbolado».

Las agujas están 'poseídas'

En el expediente sancionador que se abrirá a este agricultor se incluirá un reportaje fotográfico del fraude, así como la información de la infracción. Para fijar el importe de la multa, apunta el técnico, «se valora el tipo de contador y se parte de un caudal nominal empleado de 3 horas diarias, durante un periodo de uno a tres años». La concejal añade que la cuantía de las multas de la campaña «depende de la cantidad de agua consumida», pero oscilan de 1.000 euros a 40.000 euros. Los perfiles de los defraudadores también son como las sanciones, de lo más variopinto, desde un empresario del Polígono El Saladar a familias con recursos económicos o en riesgo de exclusión social, 'okupas', agricultores, ganaderos...

Uno de los casos más sangrantes que ha destapado el Ayuntamiento es el de un propietario de un cebadero de cerdos, con 3.000 cabezas, «al que le tuvimos que abonar dinero porque desde el servicio se le debían metros de agua», relata la edil. El ganadero empleaba un contador industrial, que tiene marcado el sentido del flujo del agua, pero rompió los precintos, se aprovechó de que las tuercas de ambos extremos son idénticas y le dio la vuelta al aparato, de forma que las agujas de consumo corrían hacia atrás como si estuviesen 'poseídas'.

Fontanería 'low cost'

Camacho avanza que las inspecciones de la campaña en viviendas del casco urbano y pedanías, empresas, fincas agrícolas y explotaciones ganaderas «se prolongarán hasta el final de la legislatura porque no debemos bajar la guardia: se está cometiendo un delito». Y no exagera la edil, ya que algunas de las irregularidades destapadas han sido 'trabajos de ingeniería' hechos por fontaneros profesionales, que cobran unos 150 euros por habilitar una llave de paso y una conducción subterránea que se engancha a una tubería de la red general.

Proseguimos con las inspecciones por el casco urbano y técnicos y policías van directos a una casa de la calle de La Hoya. Abren la tapa del contador, pero el medidor no está, en su lugar hay una toma directa habilitada con una tubería de flexo malla. «Lo que han hecho se denomina latiguillo», aclara 'El Sifones'. El técnico confirma que «es la segunda vez que pillamos a esta familia».

El fontanero desmonta un 'latiguillo' de una vivienda.
El fontanero desmonta un 'latiguillo' de una vivienda. / Paco Alonso / AGM

En una vivienda se consumen de 20 a 30 metros cúbicos al trimestre y se están ahorrando unos 60 euros de factura tras invertir 5 euros en una fontanería para comprar la tubería empleada en el latiguillo. «El proceso de manipular no es costoso», zanja 'El Sifones'. El mayor coste lo sufre el Servicio de Aguas, ya que con los 300.000 euros anuales que se pierden por estas prácticas ilícitas, el Consistorio podría realizar actuaciones en beneficio de todos los vecinos, como renovar la red de tuberías y de contadores.

El técnico apunta que el objetivo de las sanciones de la campaña «es que sean ejemplarizantes y la gente no robe». Pero la tarea es complicada porque en zonas como el Barrio del Condando, donde algunos pisos están 'okupados', la Policía Local tuvo que hacer un acta por alteración del orden público, debido a que un 'okupa' reincidía constantemente enganchándose ilegalmente al suministro de agua y la acometida estaba tan mal hecha que causaba filtraciones a un vecino.

Tras la actuación policial se acabaron los problemas del vecino, aunque nadie pagó la multa por el agua consumida. «A veces nos vemos impotentes porque son 'okupas' y no tenemos a quien notificar la sanción», admite la concejal. La campaña también ha constatado que las irrregularidades no se concentran en ningún punto concreto del término municipal, tal y como confirma el oficial jefe de la Policía: «No hay guetos». De hecho, en el Servicio de Aguas las inspecciones se diseñan a partir de un sondeo: «Sumamos el rendimiento de nuestros contadores y los dividimos por la suma de los contadores del Taibilla. Si detectamos un rendimiento bajo en alguna calle o barrio, se inspecciona sobre el terreno», resume el técnico.

Cuando se destapa una toma ilegal de agua o un contador manipulado, se corta el suministro, pero si la familia está en riesgo de exclusión social se deriva el caso a los Servicios Sociales y se pacta un plan de pagos. Camacho recuerda que «el servicio es municipal y lo pagamos todos».

Roban 35 tapas de arquetas en el casco urbano

Desde la pasada Navidad alguien se está entreteniendo en ir por las calles de Totana robando las tapas de las arquetas de la red de agua potable. Hasta el momento han sido sustraídas 35 tapaderas, cada una de ellas valorada en unos 35 euros, con lo que el perjuicio a las arcas municipales ha sido de 1.225 euros. La Concejalía de Agua y Alcantarillado ha tenido que tomar cartas en el asunto y se han empezado a aplicar puntos de soldadura a todas las arquetas del casco urbano y la Policía Local está prestando especial atención en las patrullas que realiza a pie. Las roban de madrugada y se les está dando salida cobrándolas al peso en la chatarra, ya que son de hierro fundido. También se están vendiendo de forma ilícita a agricultores.

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