La Verdad

Urruticoechea se convierte en el nuevo interventor municipal

  • El funcionario, que se marcha de Orihuela, es conocido por su lucha contra la corrupción

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Aunque permanece a día de hoy adscrito al Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea Basozabal ha obtenido plaza como interventor de clase primera en Torre Pacheco. Según confirmó el alcalde, Antonio León, figura en una lista provisional de asignación de puestos de funcionarios de habilitación nacional, publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública dentro del concurso unitario para estos puestos dentro de la convocatoria de 2016. Una vez transcurridos los plazos de alegación y posible subsanación de errores, el listado pasará a ser definitivo y se publicará en el BOE. El plazo previsto para la finalización del procedimiento es mediados de marzo.

De esta forma, el Ministerio cubre la vacante que existe desde febrero de 2015, y Urruticoechea se incorporará a su nueva responsabilidad, casi con toda seguridad, a principios de abril. El nuevo interventor, conocido en todos los destinos como un funcionario riguroso e implacable contra las prácticas irregulares y el control del gasto de los gobiernos locales, ya intentó, en las vías legal y administrativa, lograr la plaza en Cartagena.

Cubre el puesto fijo de Miguel Pérez Martínez, separado del cargo por el Ministerio de Hacienda, al hacerse firme su inhabilitación a raíz de su condena por el caso de los contratos a dedo, por el que también tuvo que dimitir el alcalde Daniel García Madrid. Desde entonces, el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha contado con tres interventores provisionales.

El procedimiento para el nombramiento del primero de ellos, la funcionaria municipal M. C. F. R., provocó una denuncia de un funcionario de UGT en un caso que se conoce como 'el dedo mágico'. En la vía contencioso administrativa, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirmó la sentencia de un juzgado de Cartagena, por la que se rechazaba el recurso interpuesto por el funcionario.

Por el contrario, en la vía penal, instada por el mismo funcionario, las diligencias continúan adelante y la exalcaldesa, Josefina Marín, permanece como investigada en el procedimiento desde mayo de 2015.

Después, en octubre, fue cuando Marín declaró ante el juez por, presuntamente, nombrar sin el procedimiento legal establecido a la interventora provisional del Ayuntamiento en febrero. Según ha venido defendiendo desde entonces, «es falso que se procediera a contratar a nadie a dedo, como tampoco es cierto que el nombramiento de la interventora accidental se efectuara sin seguir ningún procedimiento concreto».

La regidora aseguró haber declarado ante el juez que ella no siguió ningún procedimiento porque no era la persona encargada de ese trámite, «ya que para eso está la Secretaría General, que es la que supervisa el ajuste a la legalidad de todos y cada uno de los procedimientos tramitados en el Ayuntamiento». Asimismo, explicó que se tuvo que proceder al nombramiento del sustituto del interventor «de forma repentina», tras comunicarse al Consistorio la inhabilitación del titular del puesto, Miguel Pérez Martínez.

En junio de 2016, el juzgado de San Javier decidió prorrogar 12 meses (hasta junio de 2017) la instrucción del caso, al declararlo «causa compleja». En este sentido, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo de seis meses para la instrucción de los asuntos simples y amplía a 18 meses la investigación de los complejos, con posibilidad, incluso, de otra prórroga de forma excepcional «siempre que lo solicite la Fiscalía o las partes».