La Verdad

El Consistorio denuncia que la empresa de las guarderías deja a los niños sin calefacción

Una mujer lee el cartel en la guardería de Dolores de Pacheco.
Una mujer lee el cartel en la guardería de Dolores de Pacheco. / L. G.
  • El Ayuntamiento no reconoce los 60.000 euros que le reclama la concesionaria, y garantiza la continuidad del servicio

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Conflicto abierto entre Cativos, la empresa concesionaria de tres escuelas infantiles municipales, Torre Pacheco II (en el barrio de San Antonio, con 40 niños; Balsicas (25 niños) y Dolores de Pacheco (70 niños), y el Consistorio. Y es que los padres que llevan a sus hijos a estas guarderías se han encontrado en las puertas de sus respectivos centros un anuncio de cierre patronal, «si el Ayuntamiento no solventa las elevadas deudas contraídas», que ascienden a 60.000 euros, según informaron a 'La Verdad' fuentes próximas la empresa.

Una advertencia de cierre que ha soliviantado el ánimo de los padres y del Gobierno municipal, que calificaron de «chantaje lamentable e intolerable» la colocación de estos carteles «amenazadores». Para intentar buscar una solución, el alcalde, Antonio León, y varios concejales del equipo de gobierno se reunieron en la tarde de ayer con trabajadoras de los tres centros y representantes de los padres en la Escuela de Dolores de Pacheco.

Una madre, Nuria Gambou, señaló que en los últimos días la situación comenzó a enrarecerse, «puesto que cortaron la calefacción, al estropearse el sistema, además de que no habían comprado gasoil», y recordó que las propias educadoras habían mostrado su pesar por «estar sin cobrar cuatro meses», extremo que confirmó una de estas profesionales, que prefirió mantenerse en el anonimato. En un comunicado, el Ayuntamiento denuncia que la concesionaria «ha recurrido al chantaje con actos que consideramos intolerables, como, por ejemplo, jugar con la salud de los más pequeños suprimiendo la calefacción».

El portavoz municipal, Carlos López, aseguró que el Consistorio «no reconoce» el montante de la deuda reclamada por la empresa, debido a que no ha justificado «múltiples conceptos que se le han ido pidiendo en los últimos meses». Las reclamaciones pretendidas por la empresa, reconoció, se remontan desde 2012 a la actualidad, «aunque el Ayuntamiento no está a día de hoy en disposición de satisfacer ninguna cantidad, por ningún concepto, al no estar debidamente justificados», insistió.

Mercantil gallega

Sobre la cobertura de la actividad escolar en caso de cese de la actividad por parte de Cativos, el regidor garantizó la continuidad de este servicio «asumiéndolo el propio Ayuntamiento si al final fuese necesario». En cualquier caso, León señaló que intentarán retomar el diálogo con los representantes de la empresa, con sede social en Santiago de Compostela, para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

En su escrito colgado en los centros, Cativos afirma que tendrá que declarar «de forma inminente el cese de la actividad» por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ayuntamiento. Sin concretar, cita «entre otras, la falta de diligencia para dar respuesta a las demandas planteadas por esta concesionaria». Por el hecho de que las acciones legales y judiciales «no se resolverán con la necesaria rapidez», concluye la administradora de la compañía, Ana Isabel Naya -que firma el escrito- «tendrá que proceder al cese inmediatamente».

La concesión de la gestión a esta empresa de las tres escuelas infantiles municipales se produjo en 2012, con final previsto para septiembre de 2017. Las otras dos escuelas de este tipo (Roldán y Torre Pacheco I), son de gestión directa municipal.

Desde el Ayuntamiento quisieron «destacar y alabar el gran trabajo que realizan las educadoras que trabajan en dichas escuelas infantiles». Además, recuerda que en varias ocasiones, «la concesionaria ha optado por los impagos de salarios como medida de presión frente a la Administración». La empresa cuenta, según la información publicada en su web, con más de 30 centros por toda España, «por lo que se entiende debe ser conocedora del procedimiento administrativo, y de los tiempos de fiscalización de los gastos en este tipo de contratos, y también debe tener la solvencia económica suficiente para afrontar contratos públicos».