El Supremo advierte de nulidad en los juicios que no sean transcritos a papel

El recurso planteado sobre la condena a un vecino de Totana que tuvo sexo con una menor de 12 años ha llevado a la Sala Segunda a cuestionar las grabaciones

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

En la era de lo digital, de la imagen y las nuevas tecnologías, la Justicia sigue apreciando el valor de la escritura y se resiste a destronarla. Para la implacable señora de la venda en los ojos, una palabra sigue valiendo más que mil imágenes. Y si ya todos los magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia, reunidos en pleno, advirtieron contra la 'moda' impuesta entre algunos jueces de Instrucción de dedicarse a grabar las declaraciones de testigos e imputados y renunciar a transcribirlas, como siempre se había hecho, ahora ha sido nada menos que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el que ha venido a lanzar una advertencia en un sentido muy similar.

Fue el presidente de este órgano, Manuel Marchena Gómez, quien con ocasión de un recurso de casación planteado por el abogado murciano Evaristo Llanos Sola, consideró necesario convocar a los otros catorce magistrados que integran esa Sala, al objeto de «analizar el alcance que tienen las deficiencias en la documentación del juicio oral y su repercusión en el derecho de defensa».

El letrado Llanos Sola había denunciado en su recurso la existencia de diversas incidencias en la grabación del juicio por el que un vecino de Totana, David A.G., había sido condenado a la pena de diez años de prisión por mantener relaciones sexuales con una menor de doce años. En concreto, ponía de relieve que la declaración más relevante, la de la niña, se había realizado mediante videoconferencia y no había quedado registrada en la grabación, mientras que el sonido, que se había captado a través de los micrófonos existentes en la sala, tenía una calidad tan deficientes que resultaba inaudible.

A ello se sumaba el hecho de que sus manifestaciones no habían sido transcritas ni recogidas en papel, por lo que era prácticamente imposible reproducir el contenido de sus palabras en la vista oral. Una situación que, en consideración del letrado, constituía una grave vulneración del derecho de defensa de su cliente.

Basándose en este recurso, que incidía en las denuncias que de forma recurrente vienen llegando al Supremo por deficiencias en los sistemas empleados para registrar los juicios, el presidente de la Sala Segunda convocó a todos los magistrados para celebrar un pleno no jurisdiccional, en el que ofrecer una respuesta global a la cuestión.

La resolución, aprobada de manera unánime, dejó constancia de que «el actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio», por lo que consideraron que «debería ser complementado por un sistema de estenotipia (reproducción por escrito)». Añadían que «dada la naturaleza de las deficiencias observadas en numerosos casos, habrá de garantizarse la autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido del soporte que se entregue a las partes y del que se remita a los tribunales competentes para la resolución del recurso».

La cuestión resulta de capital importancia, ya que puede darse el caso, como ocurría en el recurso planteado contra la condena a este vecino de Totana, de que resulte fundamental conocer el contenido exacto de las declaraciones de un testigo, de un perito o de un procesado y que, por deficiencias en la grabación, sea imposible reproducir sus palabras. De esta forma, el Pleno de la Sala Segunda advierte de que «cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para la resolución del recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos y que genere indefensión material, determinará la nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución».

La resolución obliga así a los tribunales a garantizar que, en caso de fallo de la grabación, dispondrán de una transcripción fiel del contenido de la vista. A la vez, abre una vía muy evidente a la posibilidad de que el condenado por los abusos sexuales a una menor en Totana sea absuelto o, cuando menos, pueda anularse el juicio.

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