Secciones
Servicios
Destacamos
Murcia
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Viernes, 23 de febrero 2018, 03:35
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Motoristas que se embalan por las carreteras pese a haber esnifado cocaína, conductores que se ponen al volante tras fumar cannabis o camioneros sorprendidos en su tráiler con trazas de anfetaminas en su cuerpo. La Fiscalía murciana ha decidido dar un paso adelante para acabar con la «situación de impunidad» que beneficia, a día de hoy, a aquellos que circulan tras tomar drogas. Las cifras son alarmantes -hasta 1.258 automovilistas dieron positivo el pasado año en Murcia, un 16,1% más que en 2016- y ello ha llevado al fiscal de Seguridad Vial de Murcia, Pablo Lanzarote, a proponer una reforma legislativa para que los conductores se enfrenten a un delito automáticamente tras dar positivo en una de estas pruebas.
Actualmente, el artículo 379.2 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta seis meses y con la retirada del permiso de conducir durante un tiempo máximo de cuatro años la conducción bajo los efectos de las drogas. Para considerar la existencia de este delito, sin embargo, no basta solo con el positivo del automovilista en la prueba de drogas, sino que se debe acreditar que presenta síntomas de estar influenciado por estas sustancias y que estas afectan a su conducción. Un requisito que no se tiene en cuenta en el caso del alcohol, en el que inmediatamente un positivo por encima de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado se traduce en un delito y su consiguiente condena.
Lanzarote explica que probar en los tribunales esa influencia que requiere la ley resulta complicado y que este hecho provoca que muchos de estos conductores escapen airosos. «Así llevamos desde 1950 y no hemos avanzado prácticamente nada», lamenta. «Tal y como está descrito este tipo delictivo es ineficaz».
Esta situación provoca que la gran mayoría de los positivos en drogas acaben siendo derivados a la vía administrativa pese a que, según remarca el fiscal, «esta sirve para poco porque no ha demostrado que tenga un efecto disuasorio». En los últimos años, la cifra de conductores que son sorprendidos en controles 'antidroga' es cada vez más alta.
Más de un millar de conductores -concretamente 1.258- fueron interceptados el pasado año por agentes de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Murcia cuando circulaban tras haber tomado drogas, según los datos facilitados a 'La Verdad' por la Fiscalía. La cifra es llamativamente alta y, además, supone un aumento de en torno a un 16,1% respecto a los positivos de drogas detectados solo doce meses antes, cuando los datos ya marcaban una tendencia claramente alcista.
De esos 1.258 conductores que dieron positivo en drogas el pasado año, solo cinco acabaron viéndoselas con la Justicia. Tanto la Guardia Civil de Tráfico como la Policía Local de Murcia derivan la mayor parte de estos casos hacia una denuncia administrativa y dejan en el aire su remisión a la vía penal. Este es un problema que el fiscal Lanzarote ya puso negro sobre blanco en la última memoria del organismo, en la que advertía de que las sentencias por el delito de conducción bajo los efectos de las drogas «son prácticamente inexistentes» en la Comunidad y alertaba de la «situación de impunidad» que se generaba.
Esa realidad llevó a Lanzarote a emitir una instrucción, dirigida a la Guardia Civil y las policiales locales de la Comunidad, en la que remarcaba la importancia que tienen en este sentido los atestados, en los que los agentes recogen el estado en que se encuentra el conductor. Los datos recabados del último año demuestran, no obstante, que esa instrucción «no tuvo el efecto que esperábamos». Ello ha llevado al representante del área de Seguridad Vial y al fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, a preparar una nueva instrucción en la que aclaran que se deben remitir atestados a los juzgados de todos aquellos casos de conductores que se hayan visto implicados en accidentes y den positivo en drogas. «La influencia de estas sustancias sobre el conductor puede derivarse también de la forma en que se produjo el accidente», incidió Lanzarote.
La Fiscalía murciana tiene previsto incluir este asunto, concretamente su propuesta de reforma legislativa, en la próxima memoria anual de su organismo. La Fiscalía General del Estado deberá decidir entonces si la hace suya y la pone encima de la mesa durante su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados. Los grupos políticos tendrán, en ese caso, la última palabra. «Hay que avanzar en la persecución penal de este delito», recalca Lanzarote. «El ciudadano asiste perplejo a la falta de persecución penal de este delito» que, en la Región, ya ha provocado varios accidentes con fallecidos.
El fiscal presentó ayer esta propuesta en la comisión autonómica de seguridad vial que se celebró en la sede de la Delegación del Gobierno, en Murcia. Hasta once bloques diferentes se abordaron en esta reunión, que se celebra anualmente en cada comunidad y que se prolongó durante varias horas. El encuentro llega en un momento en el que los datos de mortalidad en las carreteras han hecho saltar las alarmas. En lo que va de año, 16 personas se han dejado la vida en accidentes de tráfico en la Región, seis más que el año pasado (60%).
El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, destacó el «carácter multidisciplinar» de la reunión, en la que se sentaron a la mesa todos los responsables de instituciones relacionadas con la seguridad vial. «Llevamos a cabo un intercambio de experiencias con el objetivo de ser mejores y diseñar nuevas estrategias para evitar los accidentes».
La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, remarcó que «el empeño de Tráfico y de las distintas administraciones implicadas (por atajar el repunte de la siniestralidad) es evidente» e hizo hincapié en que «las decisiones se están tomando día a día». La jefa provincial se mostró además convencida de que este año verán la luz algunas reformas normativas en materia de tráfico. Pese a ello, insistió en la necesidad de «concienciar sobre la corresponsabilidad del ciudadano» ante la aparición de algunos datos alarmantes. Según explicó, cinco de los ocho fallecidos en lo que va de año en vías interurbanas no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.