Solo 6 de los más de 1.000 conductores que dan positivo en drogas van a juicio

Un joven se somete a una prueba para detectar drogas en un control en Murcia.
Un joven se somete a una prueba para detectar drogas en un control en Murcia. / Javier Carrión / AGM

El fiscal de Seguridad Vial asegura que las condenas son «prácticamente inexistentes» y alerta de la «situación de impunidad»

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Conductores que se ponen al volante tras haber esnifado cocaína, camioneros sorprendidos iniciando un largo recorrido en su tráiler con trazas de anfetaminas en su cuerpo o motoristas que se embalan por las autovías de la Región pese a haber fumado cannabis. La presencia de drogas en las carreteras murcianas se hace cada día más evidente. Los casos son recurrentes y Tráfico, consciente de este problema, ha redoblado este verano los controles para evitar que los estupefacientes tomen el asfalto. De esta manera, cada vez son menos los automovilistas que pasan desapercibidos tras tomar estas sustancias. A tenor de los resultados, sin embargo, no parece que se esté cerrando el círculo y la lucha contra este fenómeno esté llegando a los tribunales.

Más de un millar de conductores -concretamente 1.083- fueron interceptados el pasado año por agentes de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Murcia cuando circulaban tras haber tomado drogas, según los datos facilitados a 'La Verdad' por la Fiscalía de Seguridad Vial de la Región. La cifra es llamativamente alta y, además, supone un aumento de en torno a un 20% respecto a los positivos de drogas detectados solo un año antes.

SI EL CONTROL ES POSITIVO
Sanción administrativa.
Multa de 500 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.
Vía penal (delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes).
Penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses (que se concreta en una sanción cuya cuantía depende de la capacidad económica del condenado) o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En todo caso, comporta la privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.
SI SE NIEGA A HACER LA PRUEBA
Vía penal.
Penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.

Aumenta un 20% la cifra de automovilistas pillados al volante tras consumir sustancias estupefacientes

De esos 1.083 conductores sorprendidos tras tomar drogas, sin embargo, solo seis acabaron viéndoselas con la Justicia, según advierte el fiscal delegado de Seguridad Vial, Pablo Lanzarote. Tanto la Guardia Civil de Tráfico como la Policía Local de Murcia derivan la mayor parte de estos casos hacia una denuncia administrativa y dejan en el aire su remisión a la vía penal.

Concretamente, el Instituto Armado derivó 1.047 de los 1.052 positivos en droga que detectó únicamente a la vía administrativa y solo cinco motivaron la incoación de atestados por delitos de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes. En el caso de la Policía Local de la capital, sus agentes llevaron una treintena de casos hacia la vía administrativa y solo uno hacia la penal.

Lanzarote advierte, en este sentido, de que las sentencias por el delito de conducción bajo los efectos de las drogas «son prácticamente inexistentes» en la comunidad y alerta de la «situación de impunidad» que se está generando. En este sentido, Lanzarote recuerda que estas son conductas «de extraordinario riesgo» contra las que se están sumando esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea. No en vano, estas sustancias influyen, incluso con bajos consumos, en la capacidad visual del conductor y están detrás de un alto porcentaje de accidentes.

El representante del Ministerio Público recuerda, llegados a este punto, que los agentes no realizan estas pruebas aleatoriamente, sino ante la sospecha, por los síntomas que presenta el conductor, de que puede haber ingerido drogas. Unos síntomas que, remarca, ya se convierten en indicios de la propia comisión del delito, que el artículo 379.2 Código Penal castiga con penas de prisión de hasta seis meses y con la retirada del permiso de conducir durante un tiempo máximo de cuatro años. Para considerar la existencia de este delito, según recoge la ley, no basta solo con el positivo del automovilista en la prueba de drogas, sino que se debe acreditar que presenta síntomas de estar influenciado por estas sustancias y que estas afectan a su conducción. En este sentido, Lanzarote explica que se da un «círculo vicioso» ya que la falta de resoluciones judiciales que aclaren los interrogantes sobre este delito impide que surjan nuevas resoluciones. Algo que, considera, mejorará ante la nueva regulación de los recursos introducida por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El fiscal de Seguridad Vial ya lleva un tiempo alertando de «esta situación de impunidad». El pasado año, preocupado por la escasa cifra de atestados que llegaban a los tribunales -en 2015 solo cinco de 854-, redactó una instrucción que, además, había sido muy demandada por las policías locales de muchos municipios que habían adquirido recientemente los dispositivos salivales necesarios para este tipo de pruebas. Ese protocolo nacía con la vocación de activar «una adecuada» persecución de este delito y remarcaba la importancia que tienen en este sentido los atestados, en los que los agentes recogen el estado en que se encuentra el conductor.

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