Socorrismo a la carta

Tres vigilantes contratados por Protección Civil, en la playa de la Torre Derribada, en el término municipal de San Pedro del Pinatar.
Tres vigilantes contratados por Protección Civil, en la playa de la Torre Derribada, en el término municipal de San Pedro del Pinatar. / Javier Carrión / AGM

La ausencia de regulación estatal y regional obliga a cada municipio a marcar sus propios criterios para contratar a socorristas de Cruz Roja, Protección Civil... o empresas privadas, que cada vez tienen más presencia. Por lo general, «el nivel del salvamento es muy alto»

DANIEL VIDAL

No parece muy díficil apuntarse a un curso de socorrismo que habilite, en teoría, para ponerse a salvar vidas. Entre un abrumador torrente de ofertas, los requisitos que exige la primera empresa que seleccionamos por internet, una firma que se anuncia como «especialista en formación de vigilantes de playas y espacios públicos acuáticos», son «tener 16 años o más, saber nadar con soltura y disponer de un par de aletas». Luego, claro, hay que apoquinar 360 euros y superar la citada formación para conseguir el título, que combina teoría y práctica en solo 40 horas de clase y, según venden, está «homologado» por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo (FESS).

Sin embargo, tener un simple curso de socorrismo no significa ser socorrista, y mucho menos tener las competencias mínimas para ponerse a salvar vidas en las playas de la Región con garantías para los bañistas... y para uno mismo. Lo resume el jefe del servicio de Emergencias del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Vicente Salas, con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, y que coordina un equipo de 40 socorristas de Protección Civil contratados para estos meses tras un concurso de méritos: «En el socorrismo acuático puedes morir; de tus aptitudes, de tu estado físico, depende que sobrevivas». Además, y en lo meramente profesional, «una persona que no tenga el curso de desfibrilación automática, por ejemplo, tiene pocas posibilidades de trabajar con nosotros, porque todas nuestras playas ya tienen un desfibrilador y sería añadir un eslabón muy débil a la cadena». Y tampoco le vale a Salas «cualquier curso otorgado por cualquier empresa o institución. De la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, sí; de la Escuela Nacional de Protección Civil, sí; de Cruz Roja, por supuesto que sí, porque quizá sea la formación más profesional. Pero, cuando me traen un curso de una empresa que no conozco, lo tengo que investigar».

Los aspirantes que a principios de verano contrata Cruz Roja, por ejemplo, «tienen que estar formados en primeros auxilios, socorrismo acuático, comunicaciones y transmisiones y en desfibrilador externo semiautomático (DESA), lo que llamamos un itinerario», detalla la presidenta de la institución en Mazarrón, María del Carmen Navarro. No solo eso, sino superar también unas exigentes pruebas físicas y empollarse además las ordenanzas municipales sobre playas, que también entran en el examen teórico que se debe aprobar para ocupar una plaza como socorrista de Cruz Roja en la localidad.

En la Región de Murcia ya se contabilizan 15 ahogados, cuatro más que en todo 2016 «Hay constructoras que ahora prestan estos servicios para recuperar el nivel de facturación» «Debe establecerse una normativa que fije unos criterios a la hora de formar», defiende el presidente de la FRSS

Cristina, vigía de Protección Civil, no pierde ripio de los bañistas de la playa de Villananitos, en San Pedro del Pinatar, a unos pocos cientos de metros del lugar donde falleció la última víctima del mar de este año, un hombre de 83 años. «¿De verdad tengo que decirle todos los cursos que he hecho?», devuelve la pregunta. «A ver... el de Primeros Auxilios y el de Socorrismo Acuático, claro; el de desfibrilador, el de monitorización e inmovilización, el de ayuda a personas con discapacidad... ¡El de la 'Q' de Calidad también, que es importante! He hecho hasta un curso de rescate de tortugas», sonríe esta higienista bucodental que ejerce de vigilante de la playa por cuarto año consecutivo y que acude al trabajo en bicicleta porque «hay que estar en forma».

En la costa de San Javier también hay que tener una buena pila de conocimientos, buena condición física... y estudiarse la normativa para ponerse a salvar vidas. Grupo Eulen, empresa de servicios que también ha ofrecido cursos de socorrismo, es la encargada de aportar socorristas cualificados tras un «proceso de selección» en el que se 'ficha' a los trabajadores «más competentes, no a los que más cursos tienen», observa el jefe del Servicio de Vigilancia y Salvamento en Playas de San Javier del Grupo Eulen, Alberto Aguilar. Además de la entrevista personal, donde se valora la formación y la experiencia, esta empresa somete a los candidatos a una prueba física combinada. Los aspirantes deben correr 200 metros y nadar otros 150 hacia la víctima, a la que tienen que remolcar hasta la orilla, todo ello en un tiempo máximo de siete minutos. Después, cinco minutos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Por otro lado, una prueba teórica tipo test en la que se incluyen preguntas sobre Soporte Vital Básico (SVB) y socorrismo acuático, además de un supuesto práctico. Ellos son los que deciden los contenidos, pero en base al contrato firmado con el Ayuntamiento, «que estipula hasta lo que deben cobrar» estos héroes con nombres y apellidos. En este caso, unos mil euros netos al mes (con dos días libres a la semana), mientras los de Protección Civil rondan los 1.200 y los de Cruz Roja, los 1.100. «No tenemos un convenio específico», denuncia el presidente de la Federación Regional de Salvamento y Socorrismo (FRSS), Santiago Bermejo.«En cualquier playa podemos tener un ahogado, aunque a nosotros no nos gana nadie en calidad a la hora de prestar el servicio de socorrismo», presume la presidenta de Cruz Roja en Mazarrón, María del Carmen Navarro

De hecho, y tal y como recalcan todas las fuentes consultadas por 'La Verdad', tampoco hay una sola normativa regional ni estatal que regule los requisitos básicos que debe cumplir un socorrista para prestar servicio en una playa, una competencia que recae en los ayuntamientos a través de contratos con Protección Civil y Cruz Roja, pero también con empresas privadas, cuyas plantillas cada vez ganan más presencia en los espacios públicos acuáticos. «Esto está provocando que algunas empresas estén impartiendo cursos en los que no es necesario ni mojarse, ni meterse en el agua para conseguir el título. Es una irresponsabilidad», lamenta Bermejo, de 28 años. Él ni siquiera había nacido (y aún le faltaban unos lustros) cuando el Gobierno franquista de Carrero Blanco publicó la única orden que rige al respecto sobre «normas e instrucciones para la seguridad humana en los lugares de baño», allá por 1972, en la que a los socorristas se les llama 'bañeros'. «Está totalmente obsoleta y desfasada», protesta el jefe del servicio en el Ayuntamiento de Mazarrón, Pedro Hernández, que coincide con Bermejo en alabar el trabajo de Cruz Roja tanto en formación como a la hora de prestar el servicio en las playas del municipio, sin abandonar el «reciclaje continuo» y mejoras continuas en el equipamiento. La mayoría de las fuentes consultadas también destacan la idoneidad del Plan Copla de la Región, que fue «el primer plan autonómico que se puso en marcha en España en relación al salvamento en playas». Fue en el año 87, aunque, desde entonces, el dispositivo ha ido ampliando su dotación económica y los recursos materiales y humanos disponibles que distribuir entre los diferentes municipios de la Comunidad.

Todo ello parece insuficiente, no obstante, para frenar unas estadísticas que no paran de crecer este año en la Región de Murcia, en cuyos espacios públicos acuáticos (piscinas y playas) ya se han ahogado 15 personas desde el mes de enero. Cuatro más que todos los que murieron el año pasado (11) y solo cuatro fallecidos menos en las carreteras de la Región en el primer semestre de este año (19). ¿Estamos ante un problema equiparable al de los accidentes de tráfico? Aunque Vicente Salas y Pedro Hernández aluden al alto número de víctimas con «patologías previas», la respuesta quizá la arrojen estos datos, cuya evolución le parece «normal» a Santiago Bermejo «porque las administraciones no hacen nada por remediarlo. Por ejemplo, muchos incidentes se producen en piscinas privadas, donde no es obligatorio contratar socorrista y tampoco cuentan con regulación alguna». A juicio del presidente de la FRSS, «es necesario establecer una normativa que fije unos criterios mínimos a la hora de formar a socorristas, que sean comunes a todas las comunidades autónomas y en la que se especifiquen los centros e instituciones que pueden dar esos cursos».

En la Región, por ejemplo, están ganando peso las clases que imparte el Servicio de Empleo y Formación (SEF), a través de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa. Estos módulos, además de ser gratis para desempleados, incluyen una importante carga lectiva (420 horas en el caso del curso de Socorrismo en Espacios Acuáticos Naturales) y un «certificado de profesionalidad equiparable a una Formación Profesional, según fuentes de la Consejería. Este curso, por ejemplo, incluye 120 horas de natación, 60 de prevención de accidentes, 120 de rescate de accidentados, 40 de primeros auxilios y 80 horas de prácticas profesionales. «El 73% de los inscritos en estos cursos encontraron trabajo seis meses después de acabar su formación», recalcan las mismas fuentes.

Pese a todo, «en España no existen los títulos en Socorrismo Acuático Profesional» según dejó claro un estudio de la Universidad de La Coruña publicado recientemente, en el que se insiste en diferenciar «entre título y certificación de la formación porque, en España, nadie otorga títulos en Salvamento Acuático Profesional. Ni la Federación Española de Socorrismo y Salvamento, ni la Cruz Roja, ni Protección Civil, ni las empresas privadas, ni nadie». Todos son certificados de formación, subraya el estudio, «algunos entregados en forma de diploma, pero ninguno con el reconocimiento de título. Y esto es así porque las titulaciones todavía no existen en nuestro campo y, desde luego, si existieran, desarrollarlas y otorgarlas no sería competencia de ninguna de las entidades antes mencionadas».

Vicente Salas defiende que la proliferación de empresas privadas en la formación de socorristas y en la prestación del servicio «no tiene por qué ir en detrimento de la seguridad de los bañistas, porque al final siempre tiene que haber una vigilancia de la Administración y, si hay un ahogado, la responsabilidad es nuestra. Por supuesto, hay empresas más y menos serias, pero en ningún caso quiero decir que la gestión sea mala, al menos en los casos que yo conozco. Por lo general, el nivel del socorrismo en la Región es muy alto». Lo certifica Juan Manuel Esquiva, alias 'El Sardino', examinador de socorristas desde el año 84, que cree que el agua es un medio «que no puedes dominar, pero en el que sí tienes que aprender a sobrevivir».

Al final, «en cualquier playa podemos tener un ahogado», admite María del Carmen Navarro, presidenta de Cruz Roja en Mazarrón, el único ayuntamiento costero de la Región, junto a Águilas, que aún mantiene socorristas de la organización no gubernamental en las playas, que hasta no hace mucho tenía el 'monopolio' del socorrismo. «Cruz Roja se puede presentar a los concursos de los ayuntamientos, pero no podemos competir con empresas privadas porque tiran los precios. Las empresas buscan un beneficio económico; Cruz Roja, no. Eso sí, en calidad del servicio no nos gana nadie», alardea Navarro.

El servicio de socorrismo en las 24 playas de Cartagena sometidas a vigilancia lo presta Ambumar SYA, empresa que ganó el concurso ahorrando a las arcas municipales de la ciudad portuaria un 12% sobre el presupuesto inicial (844.344 euros) y que también es adjudicataria de este servicio en municipios de la costa alicantina como Pilar de la Horadada, Orihuela y Altea, entre otros. Además, Ambumar SYA (empresa con casi 20 años de experiencia en el sector) imparte sus propios cursos de socorrismo, por lo que todo queda en casa. Eso sí, la prestación de este servicio ya ha generado los primeros problemas, o al menos las primeras protestas. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en el Mar Menor denunció el mes pasado falta de personal y de medios en las playas, horario laboral excesivo, salarios injustificados y escasa titulación de los profesionales, entre otras «deficiencias». La protesta del sindicato fue secundada por Cartagena Sí Se Puede al asegurar que «las condiciones laborales de los socorristas contratados por la empresa han empeorado respecto a años anteriores, cuando lo dirigía Protección Civil».

Y eso que, en el pliego de condiciones del contrato, al que ha tenido acceso 'La Verdad', se especifican claramente, entre otros detalles, los «requisitos de cualificación del personal y la capacitación necesaria para los socorristas», así como las pruebas que deben realizar para ser contratados. Y, como ocurre con otros casos, esos requisitos no son cosa menor. Siempre según el pliego, los socorristas contratados por Ambumar SYA para ejercer en las playas de Cartagena deben acreditar cinco cursos (módulo básico de Protección Civil, comunicaciones, primer interviniente en emergencias, socorrismo acuático especialista en playas y desfibrilador externo semiautomático). Son como mínimo 180 horas de formación, incluyendo conceptos como los tipos de olas y mareas y hasta la escala Douglas (con la que se clasifica el estado del mar). Además, hay que superar unas pruebas físicas que consisten en correr 100 metros en la arena, 50 en el agua, nadar otros 100 metros, salir del agua y correr 100 metros más en un tiempo inferior a cuatro minutos. Muy parecidas a las que realizan Grupo Eulen y la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, entre otras organizaciones.

«Últimamente percibimos mucha más competencia de empresas privadas a la hora de concurrir a concursos, sí», admite Alberto Aguilar, del Grupo Eulen, quien también revela que hay «empresas constructoras, por ejemplo, que en los últimos años han visto bajar sus volúmenes de facturación en su campo y han empezado a prestar este tipo de servicios para recuperar sus beneficios». ¿Intrusismo profesional, competencia desleal o una simple consecuencia del liberalismo económico?

Sin embargo, todo esto puede cambiar a raíz de la anunciada implantación de un futuro grado medio (especialista en rescate acuático), que haría que «todos tengamos que adaptarnos», según Pedro Hernández. Vicente Salas, por su parte, cree que la solución es «complicada», porque no termina de ver una titulación académica que obligue a estudiar «dos años para trabajar dos meses en verano». El debate está en el aire. O en el agua.

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