El Gobierno no reabrirá 'Castor' por el «elevado» riesgo de nuevos terremotos

El Gobierno ha decidido el cierre definitivo de la planta 'Castor', de almacenaje submarino de gas natural, ubicada a 22 kilómetros de Vinaroz (Castellón), después de que los expertos alerten de que el reinicio de operaciones conduciría a un «riesgo elevado» de terremotos, incluso de mayor magnitud que los de hasta cuatro grados (Richter) que aconsejaron en 2013 el cese.

El informe, elaborado por siete expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard, concluye que los seísmos que se sucedieron en la costa valenciana del 5 de septiembre al 4 de octubre de 2013 fueron consecuencia directa del comienzo de la inyección de gas en el depósito, que fue abortada el 17 de septiembre ante la sospecha de que ambos hechos guardasen relación.

El análisis, que ha costado 600.000 euros, confirma que la inyección de gas «desencadenó» la sismicidad y «desestabilizó» la falla de Amposta, próxima a la planta, y que las tensiones a las que fue sometida la placa tectónica replicaron los temblores hasta días después de cortarse la actividad minera.

Desaconsejan la reanudación de las operaciones por el alto riesgo de volver a estresar la falla de Amposta que, «desestabilizada» por los seísmos de 2013, podría desencadenar terremotos aún mayores y llegar a magnitudes de hasta 6,8 grados. Tampoco ve viable una utilización de baja intensidad porque es «extremadamente complicado definir límites de operatividad segura y fiable en términos de presiones, tasas o volúmenes de inyección».

Los expertos solo dieron una buena noticia. La situación actual en la zona, tras el parón de la planta 'Castor', es estable. «La sismicidad natural está en los mismas tasas que antes de la inyección y no se prevén diferencias», tranquilizó el profesor del MIT Rubén Juanes.

El análisis llevó ayer tanto al ministro, Álvaro Nadal, como al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, a anunciar la no reapertura de la planta, pero también a avanzar que la estructura no será tocada por el momento. No al menos hasta que nuevos estudios determinen si es posible un desmontaje «con garantías y seguridad». Escal UGS, la empresa que logró en 2008 la concesión de la explotación, renunció en julio de 2014, al mantener el Gobierno la parálisis de operaciones, y el ministerio encargó a Enagás que pusiese en marcha la hibernación de la planta. Las instalaciones están inactivas, los pozos sellados y no existe gas ni en la plataforma ni en los gasoductos de conexión.

Los estudios de ingeniería y de costes que determinarán si es posible desmantelar la plataforma no se han encargado. Se harán y sopesarán sin prisas. Nadal garantizó que valorarán los riesgos del desmontaje. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

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