Borrar

«Todos somos cómplices de los abusos que puedan cometer las empresas»

Carmen Márquez Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. La profesora pronuncia hoy la conferencia inaugural del I Congreso Nacional de Investigación 'Empresas y Derechos Humanos'

RAQUEL SUÁREZ

Martes, 21 de octubre 2014, 01:05

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

«Todos somos consumidores globales y, de alguna forma, también cómplices de los abusos que puedan cometer las empresas para abaratar costes» explica Carmen Márquez, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Sevilla. Carmen Márquez ofrecerá hoy la conferencia inaugural del I Congreso Nacional de Investigación 'Empresas y Derechos Humanos', organizado por la Fundación Cepaim y la Plataforma de Innovación Social de la UMU, con la colaboración de la Fundación Cajamurcia.

-Su conferencia trata de la responsabilidad de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Muchos pensarán que habiendo tantas injusticias sociales en nuestro propio país por qué preocuparse de las que se comenten fuera. ¿Qué les diría?

-Creo que es una sensibilidad razonable, a lo que le respondería citando a mi maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo, que los derechos humanos están en los espacios más pequeños de nuestra actividad cotidiana, en la fábrica, en la escuela, en la familia, porque si no están allí, no están en ninguna parte. La responsabilidad de las empresas en relación con los derechos humanos, incluyendo las grandes empresas transnacionales, pero también las medianas y pequeñas empresas, empieza de puertas para dentro, en nuestro propio país. Y no olvidemos que enfrentamos todavía muchos problemas en España en relación con el respeto de los derechos humanos por parte de los actores empresariales. Pensemos en derechos laborales básicos, como la libertad sindical, la negociación colectiva, o la no discriminación. Pensemos en los problemas que todavía enfrentamos las mujeres en relación con el acceso al trabajo y el ascenso en nuestra carrera profesional. O pensemos en los cuestionamientos públicos recientes sobre el posible impacto negativo de las operaciones empresariales sobre el medio ambiente, que también afecta al goce de los derechos humanos. Quizá es precisamente a causa de las injusticias sociales en nuestro propio país que debemos precisamente preocuparnos de la cuestión de las empresas y los derechos humanos.

Ahora bien, esta agenda también tiene ramificaciones evidentemente internacionales, que creo que también deberían preocuparnos por una serie de razones. Somos todos consumidores globales y, de alguna forma, también cómplices de los abusos que puedan cometer las empresas, por ejemplo, para abaratar costes. Si paseamos por un mercadillo y encontramos un par de zapatos fabricados en China que cuestan dos euros, no deberíamos interesarnos únicamente por el precio tan barato, sino también por las condiciones de explotación laboral o los salarios de miseria gracias a los cuales probablemente hayan sido fabricados a tan bajo coste. Y podríamos seguir tirando del hilo. El dinero de nuestros ahorros es utilizado para financiar operaciones empresariales en el exterior. Incluso, si lo pensamos bien, el dinero de nuestros ahorros, gracias al cual el Estado promueve la actividad transnacional de nuestras empresas a través de créditos para la importación y otros mecanismos o apoya a determinadas industrias, como la armamentística.

Globalización y derechos

-¿Cree que el fenómeno de la globalización ha tenido alguna influencia con respecto a la vulneración de los derechos humanos?

-Sí, indudablemente. Desde el punto de vista de los derechos humanos, la globalización se ha mostrado como un proceso ambivalente. Por un lado, la globalización ha traído enormes ventajas pero, al mismo tiempo, ha generado nuevos retos y nuevas pautas de violación de los derechos humanos. De hecho, la agenda de las empresas y los derechos humanos parte de la constatación de que la globalización ha traído consigo, básicamente, un serio vacío de gobernanza. Los gobiernos promueven la inversión bilateral y luego culpan a las empresas transnacionales, o al sistema capitalista a secas, de todos los males. Las empresas, por su parte, se benefician de las debilidades institucionales de los Estados en los que operan, y luego se justifican diciendo que operan cumpliendo la 'legalidad vigente'. Pero, ¿quién paga los platos rotos cuando alguien sale mal y se producen impactos negativos sobre los derechos humanos de la población local? La lección que hemos aprendido es que muchas veces estas violaciones quedan impunes y las víctimas no reciben reparación alguna. Es precisamente ahí donde se pretende intervenir para colmar los vacíos de gobernanza que ha traído la globalización, que en el fondo son espacios globales de impunidad.

-¿De quién es la responsabilidad de garantizar cumplir esos derechos?

-Ésa ha sido precisamente una de las cuestiones que más se han debatido en el seno de Naciones Unidas a lo largo de las últimas décadas, a partir de los años 70 del pasado siglo. Hoy se ha conseguido llegar al consenso de que se trata de una responsabilidad compartida entre los Estados y las propias empresas. Eso no equivale a decir evidentemente que las empresas tienen las mismas responsabilidades que los Estados. Se trata de responsabilidades diferenciadas. Los Estados son los últimos garantes de los derechos humanos de sus ciudadanos y de sus ciudadanas y, en consecuencia, tienen el deber de protegerlos frente a posibles vulneraciones de estos derechos derivadas de las actividades empresariales en sus respectivos territorios. ¿En qué se traduce eso? Básicamente, los Estados deben adoptar marcos regulatorios para prevenir el impacto negativo de las empresas y exigirle responsabilidades en caso de abusos, y tiene que ejercer una supervisión efectiva de las actividades empresariales.

Por su parte, las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos, que implica que deben evitar que, a través de sus operaciones, ya sea de forma consciente o inconsciente, se puedan vulnerar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Esto puede llevar a requerir niveles mayores de prevención y control de riesgos sociales y ambientales que superen a los exigidos por la legislación nacional de los países en los que operan. Se trata, en realidad, de una cuestión de diligencia.

-¿Considera que la internacionalización de las empresas ha sido una respuesta adecuada frente a la crisis económica?

-Seguramente sí, y se trata, desde luego, de una respuesta natural para adaptarse a los requerimientos de la economía legal. En la medida en que el sector de la exportación y la inversión bilateral directa de nuestras empresas se está convirtiendo en un factor cada vez más estratégico de nuestra economía, se hace más necesario cuidar lo que se ha venido a denominar, no sin cierta pomposidad, la 'Marca España'. Pues bien, si de verdad creemos, como yo también lo hago, que es necesario preservar nuestra imagen como país, debemos tomarnos especialmente en serio las posibles consecuencias negativas de las actividades de nuestras empresas en el extranjero, y el Estado debe ejercer plenamente sus responsabilidades en ese sentido. Las denuncias sobre los abusos cometidos por nuestras empresas en América Latina han hecho un daño irreparable sobre la imagen de nuestro país y ha avivado el fantasma del neocolonialismo.

-¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a los abusos que cometen las empresas?

-Cuando se trata de abusos cometidos en el plano nacional, debemos acudir sin reparos a los mecanismos de reparación que nos garantiza nuestro sistema constitucional. No debemos olvidar que los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, son el resultado de una historia de luchas y reivindicaciones, y no deben ser arbitrariamente vulnerados utilizando como pretexto la crisis económica o cualquier otra circunstancia. Son un bien colectivo sobre el que todos y todas tenemos alguna responsabilidad, a pesar de que a veces sean muchas las barreras a las que haya que enfrentarse; las costas judiciales introducidas por el anterior ministro de justicia, por ejemplo.

También existen canales de influencia a través de los cuales la ciudadanía puede denunciar los abusos cometidos por las empresas españolas en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, existen ONG que llevan a cabo una valiosa labor de supervisión de las actividades de las empresas transnacionales de nuestro país cuando operan en terceros países. Es el caso de Oxfam Intermón, que en algunas ocasiones ha recurrido al modelo de los 'inversores socialmente responsables' para promover cambios en las políticas internas de las empresas a través de sus juntas de accionistas. Y existen también mecanismos institucionales, como los Puntos Nacionales de Contacto sobre empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que están siendo cada vez más utilizados en otros países europeos en relación con alegaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales. Pero, a final de cuentas, somos todos y cada uno de nosotros, en cuanto que consumidores, los que detentamos un enorme poder de influencia sobre las empresas para exigir de ellas un comportamiento digno. Se trata de lo que se conoce como 'consumo responsable'.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios