Los sindicatos exigen que la ITV de Alcantarilla siga siendo pública

Trabajadores con una pancarta, ayer, durante el paro parcial de las ITV en la estación de Alcantarilla. / Guillermo Carrión / AGM

Los paros parciales, iniciados ayer, continúan el día 26 y anuncian una huelga total el 31, si antes no se llega a un acuerdo

P. GARCÍA / EFE / EPMURCIA

Las organizaciones sindicales exigen que la ITV de Alcantarilla siga siendo pública y piden la dimisión del consejero de Empleo y Empresa, Juan Hernández, al que culpan del proyecto de liberalización del sector en la Región. Así lo manifestaron representantes de CC OO, CSIF, UGT, FSES e Intersindical, que valoraron positivamente la primera jornada de paro parcial celebrada ayer en las ITV de toda la Región.

El calendario de movilizaciones continuará con otro paro parcial el día 26 y otro total el día 31; aunque antes, adelanta el consejero, está prevista una nueva reunión, el lunes 24 a las 11 horas, con los sindicatos para llegar a un acuerdo.

«La mala gestión del servicio público» de ITV por parte del consejero, «con sus tácticas dilatorias para evitar la negociación, su intervención en la demora de soluciones y su cerrazón al intentar imponer un modelo único de gestión», solo ha recogido «el rechazo unánime de los trabajadores de las ITV pública y privadas, de todas las organizaciones sindicales y de los partidos políticos», argumentan los convocantes.

Las organizaciones sindicales alegan que Hernández lleva retrasando desde febrero una solución a este problema. «El martes teníamos un acto de conciliación y la Dirección General no se presentó», aclara Paco Saura, coordinador de Administración Autonómica de CC OO. Por ello, solicitan la dimisión del consejero y su sustitución «por un responsable político que sepa reconducir la situación y llegar a acuerdos para la mejora del servicio», la estabilidad del empleo, la eficiencia de la seguridad y protección medioambiental, «y una reducción de los precios».

Un modelo de «transición»

Juan Hernández defiende que su modelo es el de «una transición a la liberalización del servicio por gestión indirecta y el aumento de 9 a 18 ITV para ir acercándolas a la mayoría de los municipios; garantizará que se bajan las tarifas y mejorará el servicio. Actuaremos como garantes de la calidad de la manera más eficiente al menor coste». También aclara que «el Consejo Económico y Social (CES) ha ratificado y avalado por unanimidad este modelo» y destaca que el CES lo integran organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores.

«En el CES, los sindicatos hemos pedido transitoriedad para la apertura de las nuevas ITV, acompasándola a la demanda del mercado; la subrogación del personal de las ITV concesionarias y el mantenimiento de la ITV pública de Alcantarilla, que presta servicios que las otras no prestan», detalla Saura, y asegura que se enfrentan «a la amenaza continua del consejero de que, si el 3 de septiembre no hay acuerdo, se llevará a cabo la liberalización total». Según Saura, «por los datos dados por el consejero, eso supondría una pérdida de 225 millones de euros en concepto de tasas, que prevé el Gobierno percibir en los próximos 15 años de las concesionarias de las ITV».

Desde el CSIF, Juan Miguel López asegura que los paros son «a favor de un modelo plural que pedimos las organizaciones sindicales y el resto de partidos de la Región». El modelo de gestión de Juan Hernández «ha fracasado en otras comunidades».

Mientras Consumur considera que el Decreto «conllevará consecuencias negativas para los consumidores», pide que se mantenga «un servicio público para garantizar la seguridad vial» y advierte de que calidad y tarifas pueden verse alteradas; Thader Consumo y UceRM consideran que «la nueva regulación beneficiará a la economía regional, generará nuevos empleos y reducirá los tiempos de espera». También recuerdan que no podrá producirse ninguna guerra de precios, ya que el Gobierno implantará un sistema de precios públicos y un férreo control de calidad.

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