«Se siguió con la Zerrichera el mismo sistema que con una granja porcina»

Antonio Alvarado. / Javier Carrión / AGM

Alvarado defiende la legalidad de sus actuaciones para sacar adelante la declaración de impacto ambiental de la finca aguileña

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

El ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, respondió ayer con vehemencia y cierta indignación al extenso interrogatorio al que le sometió el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, en la tercera sesión del juicio por el 'caso Zerrichera'. El rifirrafe dialéctico entre el representante del Ministerio Público y el exalto cargo de la Comunidad se prolongó alrededor de cuatro horas y no se vio privado de una cierta tensión que obligó a la magistrada-presidente, Concepción Roig, a reconducir al procesado en incontables ocasiones.

A lo largo de su declaración, Alvarado, que afronta cuatro años y medio de cárcel y otros tantos de inhabilitación, trató de rebatir cada una de las supuestas maniobras que, según sostiene la Fiscalía, llevó a cabo para sacar adelante la declaración de impacto ambiental (DIA) que permitió la recalificación de esta finca aguileña, que contaba con hasta cuatro figuras legales de protección diferentes.

El Ministerio Público acusa a Alvarado, y a otros cuatro exaltos cargos del Ejecutivo regional, de reactivar el procedimiento de reclasificación de La Zerrichera, que había sido archivado por el ayuntamiento aguileño, para llevarlo al trámite de aprobación inicial de la modificación puntual, competencia del organismo que dirigía Alvarado. El objetivo, según subraya el fiscal, era poder emitir un informe favorable a este cambio haciendo caso omiso «de los verdaderos valores ambientales» que ya habían sido puestos de relieve por el anterior director general de Medio Natural en un informe en el que concluía que la actuación urbanística en la zona era «incompatible con la conservación de los valores naturales».

El ex director general asegura no saber el paradero de algunos documentos que no están en el expediente: «No tengo ningún interés en que desaparezcan»

«No se notificó su archivo»

El ex director general de Calidad Ambiental remarcó que no tuvo conocimiento en ningún momento de la situación en que se encontraba el expediente y criticó que no se le hubiese notificado esta desde el consistorio aguileño. «Si me hubieran dicho que estaba archivado», recalcó, «nada se habría tramitado». Alvarado subrayó, asimismo, que antes de abril de 2005 «no conocía absolutamente de nada» la finca aguileña, destinada a albergar un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf, e hizo hincapié en que, desde el organismo que dirigía, «el sistema que se siguió con la Zerrichera fue el mismo que para una granja porcina».

El procesado fue interrogado, además, por el fiscal sobre el paradero de algunos escritos que no se encuentran dentro del expediente del procedimiento. Entre ellos, según reveló el representante del Ministerio Público, el informe que había firmado previamente el anterior director general de Medio Natural y que se oponía a la recalificación de la zona. Alvarado aseguró desconocer el paradero de esos escritos. «Yo no tengo ningún interés en que aparezcan o desaparezcan documentos del expediente», subrayó.

El fiscal se encargó de recordarle, además, a este exalto cargo las declaraciones que la instructora del expediente realizó en el juzgado en las que aseguraba que este, desde el principio, no estuvo en su poder y que era Alvarado uno de sus custodios. Unas acusaciones que el exalto cargo regional negó rotundamente, asegurando que esta funcionaria le había denunciado por 'mobbing' -un procedimiento, dijo, que fue archivado- y que además «era militante socialista». En ese punto, la magistrada Roig le espetó que la «orientación política» de un testigo no es un criterio que el tribunal tenga en cuenta a la hora de valorar su credibilidad.

«Nunca ha metido prisa»

La Fiscalía recoge en su escrito de conclusiones provisionales una retahíla de maniobras en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental con las que considera que Alvarado incurrió en un presunto delito de prevaricación continuada -además de otro de falsedad en documento-.

El Ministerio Público sostiene, entre otras cuestiones, que este siguió adelante con el procedimiento pese a que los integrantes de la comisión técnica de evaluación de impacto ambiental no habían alcanzado ningún acuerdo. El procesado sostuvo, sin embargo, que ese acuerdo sí se había logrado, aunque condicionado a la evaluación de repercusiones, e incidió en que actuó en todo momento «conforme a derecho». «Nunca he metido prisa, ni he influido en ningún funcionario», recalcó. Alvarado se negó a responder a las preguntas de los letrados de la acusación popular.

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