El sector se moviliza ante el hundimiento de los precios de la almendra

Las organizaciones agrarias piden a los productores que «no entreguen las almendras a precios ruinosos o sin precio», porque ello abocaría «a hundir estos precios y al conjunto del sector». Pero, sobre todo, se dirigen a los gobiernos central y regional para que pongan en marcha medidas que garanticen la viabilidad de los cultivos regionales y españoles de almendra. Exigen, en concreto, «una intervención inmediata de los mecanismos de control y trazabilidad de los productos». En este sentido, los agricultores advierten de que la importación de almendra prevista para este año supera los 100 millones de kilos, cuando la producción propia en España ronda los 56 o 57 millones (en la Región, entre 5,5 y 6 millones, según datos de la asociación Coag).

La almendra presenta este año «una calidad excepcional» gracias a que las lluvias del pasado otoño e invierno han favorecido «una adecuada vegetación y fructificación de los árboles». Pero, pese a ello, los precios están hundiéndose fruto de «la especulación» y la entrada masiva de producto importado.

La Mesa Regional de Frutos Secos denuncia que «los grandes operadores actúan en el mercado importando grandes cantidades de almendra americana y de otros países, sin que tengamos ninguna garantía de que los consumidores puedan diferenciar la almendra española (de mayor calidad y garantías sanitarias) del resto». Se lleva a cabo, aseguran las organizaciones agrarias, «una adulteración de mezcla de estas almendras foráneas con la pepita española, sin que el consumidor pueda conocer o diferenciar esto y, por consiguiente, pueda hacer una elección informada».

Por ello, piden, entre otras medidas, «que se respeten los niveles de aflatoxinas -una toxina natural- mínimas». Los controles aduaneros son «claramente insuficientes», lamentan los productores. «Se considera necesario la garantía de trazabilidad de los productos para los consumidores, y el conocimiento del origen de los productos», advierten. Por ello, solicitan la actuación de Sanidad en los centros de comercialización y grandes superficies, de forma que se evite «toda adulteración y engaño al consumidor».

Una marca de calidad

Los agricultores apuestan por la puesta en marcha de la marca de indicación geográfica protegida de 'Almendras de España' para «potenciar, conocer y mantener nuestra calidad frente a otras almendras importadas de peor calidad gustativa». También piden a las administraciones que fomenten el consumo de almendra, con estudios sobre sus beneficios para la salud y campañas de concienciación y promoción.

«Se considera urgente la creación de una Interprofesional para mantener la estabilidad del sector», añade la Mesa Regional de Frutos Secos. Además, se plantea la necesidad de diferenciar entre cultivos de secano -los mayoritarios en el caso de la almendra- y los de regadío. El secano «queda muy en desventaja para llevar a cabo inversiones que puedan proporcionar una situación equitativa», señala la Mesa Regional. Por último, este foro de las organizaciones del sector pide «un plan de reconversión para el sector de frutos secos que colabore en su mantenimiento».

La Mesa insiste en que los productores no se dejen llevar por «el nerviosismo» y terminen entregando «el producto sin una garantía de precios que cubran sus costes de producción». Coag, Asaja, UPA, Fecoam, Fecamur y Aeofruse conforman la Mesa Regional de Frutos Secos, que ya ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno regional para abordar la situación.

«Necesitamos una reconversión para adaptar los cultivos y apostar por las variedades más competitivas», advierte Pedro García Albert, de Coag. «Tenemos potencial para producir 13 millones de kilos, pero en estos momentos estamos entre 5,5 y 6 millones», señala. Gran parte de la cosecha se echa a perder por la meteorología (fundamentalmente por las heladas), algo que cambiaría si se optase por variedades más resistentes.

Los precios han ido cayendo en los últimos años después de que en 2015 se rondasen los 9 y 10 euros por kilo. El año pasado, los agricultores cobraron unos 6,5 euros el kilo. Ahora, apenas percibirán 5 euros si no se toman medidas, advierten.